Ayuntamientos bajo la lupa: adjudican la limpieza de calles, jardines y basuras sin contrato ni control

La limpieza de las calles, la recogida y tratamiento de basuras y el mantenimiento de los jardines son servicios públicos que los Ayuntamientos están obligados a prestar. Pero no siempre están suficientemente vigilados. La última inspección del Tribunal de Cuentas sobre cómo controlan los municipios la prestación de estos servicios deja un panorama desolador: adjudicaciones sin contrato, no se comprueba si el barrendero limpia o no la calle o si el jardín ha sido adecuadamente cuidado, se emiten de pliegos en los concursos de adjudicación sin cláusulas de control, no se aplican -cuando los hay- los sistemas de fiscalización del servicio y de su coste, incluso hay servicios que no están incluidos en el plan de control financiero municipal…

El último informe del Tribunal de Cuentas, correspondiente a 2021 y recientemente publicado, deja en evidencia que, en lo tocante a planificación, control financiero y de gestión, los ayuntamientos españoles dejan mucho que desear.

El organismo que preside Enriqueta Chicano ha realizado su último informe tras analizar diez ciudades españolas de entre 50.000 y 100.000 habitantes pertenecientes a comunidades autónomas que carecen de un Tribunal de Cuentas (TCu) propio.

Bajo el explícito título ¿Controlan los ayuntamientos que los servicios se prestan correctamente?, el órgano supervisor de los programas de ingresos y gastos públicos saca sus conclusiones tras analizar cuánto y cómo supervisan sus servicios públicos diez ayuntamientos de Cantabria (Torrelavega); Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Talavera de La Reina -Toledo-); Extremadura (Cáceres y Mérida -Badajoz-); y Murcia (Lorca y Molina de Segura).

No están todos los que son, pero sí son todos los que están… Y algunos casos son ‘sangrantes’.

Inspecciones ‘a ojo’

En gran parte de las ciudades analizadas, la mayoría de las inspecciones de los trabajos realizados, ya sea por los propios operarios municipales o por empresas subcontratadas, se hace a ojo. La respuesta «inspección ocular» es la más extendida entre los funcionarios preguntados por el organismo.

Es el caso, por ejemplo, de Talavera de la Reina (Toledo), que paga anualmente más de 4.2 millones de euros por la limpieza viaria a un contratista externo. El control de si el servicio se presta o no, o si se hace adecuadamente, se limita a «la realización de inspecciones oculares por el técnico responsable, sin que se estableciera una periodicidad para llevarlas a cabo y respecto de las que no hay constancia documental alguna», según el Tribunal de Cuentas.

No es la única.  En Torrelavega (Cantabria), la recogida de basuras (RSU en la jerga técnica) la realiza la empresa municipal Aguas de Torrelavega por una cuantía superior a los 1,4 millones de euros al año. Ahí, como relata el TCu: «El control técnico llevado a cabo por la sociedad municipal fue escaso, limitándose a la realización de inspecciones oculares diarias de las zonas de recogida de residuos, inspecciones funcionales de los equipos, maquinaria y materiales utilizados, que no tenían una periodicidad predeterminada, y una inspección anual en relación con la seguridad de los equipos empleados. Ninguna de estas inspecciones fue documentada en partes o informes de resultados». De modo que el órgano fiscalizador de cómo se gasta el dinero público tiene que confiar en la buena fe de los funcionarios peguntados.

Otra gran deficiencia detectada es la existencia de contratas sin contrato. Empresas privadas que prestan servicios municipales y que, por un motivo u otro, lo hacen sin el soporte legal necesario…

La fiscalización del Tribunal de Cuentas muestra que la mala planificación de los Ayuntamientos de Cáceres, Talavera de la Reina y Toledo, «al no haberse programado la licitación de los nuevos contratos con la necesaria antelación» hizo que los servicios siguieran «ejecutándose por la empresa prestataria una vez concluidos los plazos previstos contractualmente, hasta que se adjudicaran los nuevos contratos»

La falta de contrato también tuvo lugar en otros dos servicios prestados por los Ayuntamientos de Cáceres y Ciudad Real. En la capital extremeña, en el caso de Parques y Jardines, por no haberse formalizado una modificación del contrato, obligatoria cuando se incluyeron nuevas zonas verdes a lo previsto inicialmente.

En la capital manchega no se formalizó el nuevo contrato en la fecha prevista, al interponerse un recurso contra los pliegos. Pero, además, la modificación realizada en el contrato se hizo sin tener la partida presupuestaria necesaria para hacer frente a los pagos; algo que provocó la tramitación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.

Descontrol financiero

La lectura de las recomendaciones del TCu deja claro el descontrol financiero de algunos de los consistorios analizados.

Durante 2021 los órganos interventores de los Ayuntamientos de Cáceres y Ciudad Real no elaboraron el correspondiente plan de control financiero previsto por la ley. Tampoco llevaron a cabo ninguna actividad «de control financiero, ya fuera en la modalidad de control permanente o de auditoría pública, en relación con los servicios fiscalizados».

Los de los Ayuntamientos de Cuenca, Guadalajara, Lorca, Mérida, Talavera de la Reina y Toledo que, en cambio, sí realizaron el correspondiente análisis de riesgos, decidieron no incluir en el plan correspondiente al ejercicio 2021 actuaciones específicas de control financiero, en la modalidad de control permanente o de auditoría pública, en relación con los servicios fiscalizados, mientras que el de Torrelavega no llegó a realizar el control permanente previsto en el plan anual.

Por ejemplo, en el caso de la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) que realiza el Consorcio RSU de titularidad municipal, el TCu detecta casos como el de Ciudad Real, que: «En 2021 no se realizaron actuaciones de control financiero en relación con los servicios fiscalizados». Preguntados al respecto, los responsables municipales ciudadrealeños alegaron «la falta de personal que viene experimentando desde hace 30 años».