La Audiencia Nacional aplaza la declaración del presunto autor del mayor fraude con criptomonedas

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha aplazado la declaración de Javier Biosca, presunto autor de la mayor estafa con criptomonedas, prevista para el viernes 17, después de que una acusación haya solicitado la comparecencia y el ingreso en prisión de su esposa, Paloma Gallardo. En concreto, el fraude podría superar los 280 millones de euros.

Biosca, en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 8 de junio, ya declaró ante Abascal el pasado mes de julio, negando todos los hechos y desvinculando a su mujer y a su hijo. Además, achacó la suspensión de los reembolsos al bloqueo de los bancos a los cambios de criptomonedas a moneda de curso legal.

Pero la abogada Emilia Zaballos, que representa a más de 500 afectados por la presunta estafa y ha promovido la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, ha pedido al juez que vuelva a interrogar a Gallardo y se decrete su entrada en prisión, por el riesgo que existe de destrucción de pruebas, entorpecimiento de la acción de la justicia o eludir la acción de la misma, según informa Efe.

En el escrito aportado al juez, Zaballos recoge numerosos testimonios que acreditan que Paloma Gallardo está tan implicada como su marido en la operativa, ya que conservó ordenadores y teléfonos móviles con los que habría seguido moviendo ingentes cantidades de dinero.

Fraude piramidal

Javier Biosca está imputado por un presunto fraude piramidal de inversión con criptomonedas, y está acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad de documento público a través de la empresa Algorithms Group.

La sociedad ofrecía servicios de inversión en criptomonedas sin contar con la autorización de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) carencia que servía para que Biosca eludiera las obligaciones que debía de cumplir esa entidad en su actividad diaria, tales como el deber general de información.

Algorithms se limitaba a captar clientes, que debían entregarle cantidades de dinero a cambio de rentabilidades del 20 o del 25% semanal, y a partir de los primeros meses de 2020 comenzó a dejar de pagar a la mayor parte de los inversores, situación que culminó en octubre cuando dejó de abonar las cantidades prometidas.

Hasta el momento, se trataría del mayor presunto fraude por volumen en España relacionado con las criptomonedas, ya que esta empresa radicada en Londres podría haber defraudado más de 300 millones de euros a cerca de 3.000 inversores, sostiene la querella presentada por Zaballos Abogados.