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Economía
Empresas públicas

Arde la SEPI: el escándalo Jésica le estalla mientras asalta Talgo y no sabe cómo salvar a Duro Felguera

Ineco, la empresa pública donde Ábalos enchufó a Jésica, asegura que trabajó 3.684 horas

  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) está atravesando su momento más crítico. En el holding empresarial público que depende de María Jesús Montero cunde el pánico por el estallido del escándalo de Jésica Rodríguez, mientras ultima el asalto a Talgo sin lanzar OPA y trata de encontrar una forma de salvar a Duro Felguera de la quiebra.

«Ya desde el caso de Plus Ultra había miedo en la SEPI a acabar en los tribunales por malversación de dinero público por los rescates de empresas en pandemia. Pero ahora, además, salta lo de la contratación de Jésica en Ineco y Tragsa. Ahora hay pánico total», afirma una fuente cercana al holding.

Otra añade que «hasta ahora, había cierta calma en la SEPI porque pensaban que los tribunales no iban a entrar en las cuestiones de los rescates. Pero con el caso Koldo y, sobre todo, con el de Jésica, han visto que los tribunales han perdido el miedo a ir contra el Gobierno. Y eso ha puesto muy nerviosa a la gente en la SEPI».

Como es sabido, José Luis Ábalos enchufó a su ex pareja en la empresa de ingeniería Ineco y la de medio ambiente Tragsa (a través de su filial Tragsatec) para que cobrara sin  trabajar. Ambas compañía son públicas y pertenecen a la SEPI, por lo que las consecuencias judiciales del caso pueden perfectamente salpicar a los directivos del holding público responsables de supervisar estas compañías, así como a sus representantes en los consejos de administración de ambas.

Asimismo, los tribunales pueden actuar por elevación hacia la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, el vicepresidente, Bartolomé Lora (presidente en funciones cuando se aprobaron los rescates) e incluso la propia María Jesús Montero, puesto que el holding está controlado por el Ministerio de Hacienda.

Duro Felguera

Dentro de este ambiente de pánico, la SEPI se enfrenta ahora a un desafío que también corre el riesgo de acabar en los juzgados: el nuevo rescate de Duro Felguera. Como ha venido informando OKDIARIO, la empresa asturiana, a la que la SEPI inyectó 120 millones en 2021, es insolvente y su única posibilidad de evitar el concurso de acreedores es que el Estado convierta 100 de esos millones -que son un préstamo participativo- en capital (lo que supondría que todos los accionistas de la compañía perderían su dinero).

Pero la SEPI teme que se abra una causa por haber rescatado una empresa inviable saltándose la ley  que regulaba el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que limitaba esas ayudas a compañías cuyos problemas fueran puntuales y se derivaran exclusivamente de la pandemia. Los de Duro Felguera, en cambio, venían de mucho más atrás.

Por ello, ahora el holding público necesita tener una justificación externa de que la empresa es viable si convierte ese préstamo participativo en capital, para evitar posibles demandas posteriores; demandas que serán muy probables por parte de los accionistas minoritarios de Duro Felguera tras perder su inversión.

Para ello, la SEPI ha contratado a la consultora FTI y ha acordado con los actuales accionistas de control de la empresa, los mexicanos Prodi y Mota-Engil, un aplazamiento de tres meses antes de declarar el concurso de acreedores (la fecha tope era este martes). Además, en ese tiempo tiene que encontrar una forma de inyectarle liquidez -Duro Felguera no tiene dinero para pagar las nóminas- sin que se considere ayuda de Estado.

Talgo

Por último, la SEPI está enfrascada en la compra del 10% de Talgo para dar salida a los socios del fondo Trilantic en el vehículo Pegaso (las familias Oriol y Abelló) que se han quedado fuera de la oferta de Sidenor y el Gobierno vasco. Aquí no hay problemas de demandas contra el holding, pero sí es necesario que la CNMV se pliegue a los deseos del Gobierno y no considere que hay acción concertada para no tener que lanzar una OPA sobre el 100%.