Cristiano Ronaldo vuelve a Madrid… para ratificar su pacto con Hacienda: dos años de cárcel y 18,8 millones de multa

Cristiano Ronaldo vuelve a Madrid, pero lo hace por obligaciones con la Justicia. La Audiencia Provincial juzga el próximo martes al jugador portugués de la Juventus por presuntamente defraudar a Hacienda. El luso será condenado a dos años de prisión –aunque no ingresará en la cárcel, igual que ocurrió con Messi– y pagar  18,8 millones de euros en virtud del pacto al que llegó con la Fiscalía de Madrid y con Hacienda, por el que reconoció haber cometido cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014.

El ex jugador del Real Madrid deberá reconocer los delitos fiscales ante los magistrados que componen la Sección 17 a cambio de esos dos años de cárcel sin ingreso en prisión y de la multa mencionada anteriormente, que ya ha sido liquidada. Por otro lado, la defensa del ahora jugador de la Juventus ha solicitado a la Audiencia de Madrid que le permita acceder por el garaje para evitar a los medios, pero previsiblemente será denegada, por lo que tendrá que dejarse ver…

También pidió sin éxito que su cliente declarara por videoconferencia, dado que reside en la ciudad italiana de Turín.  Sin embargo, el futbolista tendrá que ir personalmente a esta sede judicial acompañado por sus abogados. Para validar el acuerdo, Ronaldo tendrá que admitir que se aprovechó de «una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen», hechos de los que le acusa la Fiscalía.

De lo que se le acusó

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón instruyó la causa por un presunto delito contra la Hacienda Pública, ante la posible existencia de una infracción penal prevista y penada en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal. La Fiscalía, en su denuncia, subraya que el denunciado se ha aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen algo que supone un incumplimiento «voluntario» y «consciente» de sus obligaciones fiscales en España.