Confirmado por la Guardia Civil: se acaba de adquirir un sistema de 2,5 millones para acceder a móviles Android y iPhone de forma remota

La tecnología avanza a pasos agigantados en un mundo donde prima la rapidez y la novedad. La Guardia Civil demuestra lo anterior al adquirir un sistema tecnológico valorado en aproximadamente 2,5 millones de euros que permite acceder de manera remota a teléfonos móviles Android y iPhone.

La finalidad de esta herramienta se traduce en facilitar las investigaciones policiales y obtener información de dispositivos bajo investigación sin necesidad de incautarlos físicamente.

¿En qué consiste este sistema?

Este contrato expone una solución capaz de introducir software en los dispositivos objetivo para acceder a sus contenidos y comunicaciones de forma discreta.

El objetivo es que los investigadores consulten información almacenada en los teléfonos sin que sus propietarios sean necesariamente conscientes del acceso. Aunque, la documentación pública no detalla el funcionamiento técnico del sistema ni aclara si requiere acceso físico previo al dispositivo.

El coste

La adjudicación se formalizó el 26 de marzo de 2026 a favor de Fortier Europe, una empresa con sede en Boadilla del Monte (Madrid) y el importe del contrato supera los 2,5 millones de euros, incluyendo el IVA.

La compra se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad y contó con una única oferta. Además, la empresa disponía de derechos exclusivos de suministro y distribución del producto.

A pesar de lo anterior, los documentos oficiales no identifican al fabricante original ni detallan las características técnicas concretas de la herramienta adquirida por la Guardia Civil.

¿Esta práctica es legal?

Tener este sistema no supone tener acceso completo y libre a cualquier teléfono. En nuestro país estos registros remotos de dispositivos electrónicos están sujetos a una autorización judicial y a los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sin embargo, sí que se utilizará este sistema en investigaciones relacionadas con delitos específicos como el terrorismo, crimen organizado, delitos contra menores o delitos informáticos, entre otros previstos legalmente y será la autorización judicial quien delimite el alcance de la intervención y las condiciones de acceso a los datos.

Esto pone el foco en la eficacia de las investigaciones policiales y la protección de la privacidad digital. Por lo tanto, las autoridades han incorporado nuevas herramientas de investigación donde el control judicial garantizará el acceso injustificado o justificado a la información personal de un teléfono móvil.