Los audios también prueban que la juez de la DANA recibía órdenes de su marido en la sala: «Puede aportarlo»

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 25/02/2026 05:45
  • Actualizado: 25/02/2026 08:37

Los audios revelados por OKDIARIO prueban también que la titular de Instrucción 3 de Catarroja, que dirige las diligencias previas del caso de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, seguía las instrucciones de su marido, el titular de Instrucción 4 de Valencia, Jorge Martínez Ribera, y que éste participó en interrogatorios relativos al caso. Y ello, a pesar de que Martínez Ribera no formaba parte de la instrucción del caso. Es decir, que era un tercero que no podía estar allí. Y, menos, preguntar. Así se desprende de uno de los interrogatorios efectuados por Ruiz Tobarra en presencia de su marido, el juez Jorge Martínez Ribera.

En ese fragmento de una declaración en sede judicial correspondiente a la instrucción del procedimiento de la DANA, que aquí se reproduce, el declarante explica: «Lo tengo que sacar, pero no lo tengo en… no lo tengo ahora mismo aquí». Es entonces cuando el juez Jorge Martínez Ribera, marido de la magistrada que instruye el procedimiento de la DANA y que, como se ha dicho, no forma parte del mismo, toma parte activa del interrogatorio al dirigirse al citado declarante con una alusión directa a la declaración que aquel está prestando en ese momento: «Pero lo tiene descargado y lo puede aportar…». Acto seguido, la juez y esposa de Martínez Ribera interviene para dirigirse también al declarante y da formato de pregunta a la apreciación efectuada por su propia pareja: «¿Lo puede aportar?».

Los hechos no han pasado desapercibidos tampoco para el abogado Rubén Gisbert. De hecho, este fragmento está incluido también en la querella presentada por el letrado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la juez de la DANA y su marido hasta por seis supuestos delitos tras el escándalo destapado por OKDIARIO con la publicación de los audios que demuestran que el mencionado juez Jorge Martínez Ribera ha interrogado a varias víctimas del caso de la DANA, cuya instrucción dirige su mujer, la citada Nuria Ruiz Tobarra.

En concreto, coacciones, revelación de secretos por parte de profesionales obligados a confidencialidad, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delito por una autoridad o funcionario público.

Y no sólo eso. Como también ha revelado OKDIARIO, incluso mensajes de WhatsApp entre víctimas de la DANA confirman que Jorge Martínez Ribera, esposo de la juez instructora, Nuria Ruiz Tobarra, participó en la toma de las declaraciones a los afectados durante el proceso judicial. Las conversaciones, que desvela OKDIARIO, acreditan las presuntas irregularidades procesales que han generado una investigación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las víctimas confirmaron en un grupo informal, con más familiares afectados por la DANA, que durante uno de los interrogatorios, el esposo de la instructora daba instrucciones precisas sobre qué información registrar y directamente hacía las preguntas. «El día que fui yo a testificar lo que nos pasó es que fue él quien nos atendió porque la juez estaba hasta arriba de trabajo», expresó una mujer junto con un emoticono de una persona tapándose los ojos, denotando sorpresa.

En su querella contra la juez de la DANA y su marido, el abogado Rubén Gisbert solicita como medidas cautelares «apartar inmediatamente a la juez». Pide también suspender «cautelarmente» tanto a la juez de la DANA, la citada Nuria Ruiz Tobarra, como a su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, de la carrera judicial. Reclama que se proceda a la evaluación psiquiátrica de la magistrada. Y solicita, finalmente, trasladar las actuaciones de urgencia a la Audiencia Nacional por ser el órgano «jurisdiccionalmente competente al haber por los mismos hechos fallecidos en tres comunidades autónomas diferentes».

Pero, además, reclama que, dado el carácter disciplinario de las medidas antes citadas, se solicita que el contenido de la querella se comunique al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «para que se haga efectiva la suspensión de la magistrada».