Ada Colau aplica el modelo de gestión privada de residencias que ataca el vicepresidente Iglesias

El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por la alcaldesa Ada Colau, confía la gestión de las residencias municipales a empresas privadas. A pesar de que Podemos y su líder, el vicepresidente social Pablo Iglesias, ataca este modelo, la Ciudad Condal ha considerado que es el mejor sistema para atender a los mayores.

Por ejemplo, una de las últimas adjudicaciones es la de la residencia de ancianos Francesc Layret cuya titularidad corresponde al Consistorio de Barcelona. El Gobierno de Ada Colau confió en cambio su gestión a la compañía privada DomusVi.

El centro Francesc Layret se encuentra enclavado en el edificio de la Casa de la Lactancia de la Gran Vía y alberga un total de 66 plazas, 28 de ellas orientadas a personas con dependencia reconocida, concertadas con la Generalitat de Cataluña, y 38 plazas municipales, más especializadas en atención social y rehabilitación. Esta empresa tiene otras cinco residencias en la ciudad, algunas de ellas con plazas que también son de titularidad municipal.

Denuncia

Se trata de un grupo internacional que en España tiene más de 19.000 trabajadores y un total de 21.998 plazas disponibles en 154 centros residenciales. También se localiza en Francia y China. La Federación de Asociacións de Usuarias e Familiares de Usuarias de Residencias, conocida como Rede, y la Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia (Acouga) han anunciado una demanda colectiva de ámbito estatal contra DomusVi que van registrar próximamente en el Juzgado de lo Mercantil de Vigo.

El objeto de la denuncia será «el incumplimiento sustancial de los contratos» con los usuarios de los centros y sus familias y que los mismos «contienen cláusulas abusivas». Se estudiarán las ineficiencias tras el estallido de la pandemia del Covid-19 pero también a deficiencias anteriores.

El abogado Xoán Antón Pérez-Lema ha explicado que el proceso de preparación de esta demanda colectiva, con sus diligencias preliminares, «podría durar meses», por lo que no será hasta «al menos hasta octubre», cuando se presente ante un juzgado de Vigo, que es donde está la matriz del grupo, recoge Europa Press.

Serán denuncias penales por supuestos delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia en centros gallegos. Aunque una jueza archivó una denuncia interpuesta por estas entidades el pasado 21 de abril porque, tal y como recogía el auto, no había «indicios suficientes de la perpetración de delito» y no había concreción en los hechos denunciados, la Fiscalía Superior de Galicia ya ha sumado varias denuncias presentada por Rede a las diligencias preprocesales civiles que están abiertas en diversos centros de mayores en el contexto de la crisis del coronavirus.

Críticas de Iglesias

Pablo Iglesias ha criticado constantemente el «modelo de residencias precarizado y privatizado».

Este jueves en la comisión de Políticas Sociales del Congreso de los Diputados, el dirigente podemita se enfrentó por ello a las portavoces sectoriales de PP y Vox. Ambas diputadas le reprochaban su inacción en los centros de mayores tras erigirse como responsable del plan de choque en estas instalaciones, puntos negros de la pandemia y donde han muerto más de 17.500 personas.

«Usted, elude su responsabilidad sobre estos centros que se han convertido en una cárcel y en una tumba colectiva», lamentó la popular Alicia García.

Iglesias consideró que existe «un consenso transversal» sobre el hecho de  que «las privatizaciones, la precariedad en la que trabajan quienes cuidan y los recortes de más de 5.000 millones de euros en el Sistema de Atención a la Dependencia acumulados desde 2012 han colocado a las personas mayores en una situación de enorme vulnerabilidad».

En este punto, el líder de Podemos pidió «reconstruir un sistema de cuidados y atención a la dependencia público, de calidad y con profesionales que trabajen en condiciones dignas y con sueldos dignos». Algo que sus compañeros de filas, comenzando por Ada Colau, no cumplen.

Congreso

El drama vivido en todo tipo de residencias está centrando el debate en las últimas horas. En el Congreso de los Diputados, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), Cinta Pascual, ha denunciado que llamó «a casi todos los ministros para pedir auxilio» y sólo encontró «reproches».

Pascual ha narrado ante los diputados lo vivido en los últimos tres meses de pandemia por coronavirus que, a su juicio, se puede concretar en que los mayores perdieron su «derecho a una sanidad universal» cuando se decidió que estas personas no abandonaran estos centros para su traslado al hospital durante la pandemia como consecuencia del colapso sanitario.

En este sentido, la compareciente ha enfatizado el lamento de que «nadie les llamó para consultar» si esta decisión estaba bien tomada o para preguntarles qué necesitaban durante la crisis. Ha explicado la «soledad» con la que han afrontado estas residencias de mayores a la crisis generada por el Covid-19.

Pascual ha explicado que CEAPS está formada por centros asistenciales de toda España, 200.000 de las 385.000 plazas que hay en las diferentes comunidades autónomas. Son en un 67% pequeñas y medianas empresas y en un 15% grandes grupos que, según ha resaltado, llevan en la mayoría de los casos más de 20 años en el sector. Por el contrario, la izquierda señala que son fondos buitres recién llegados a este escenario para ganar dinero a espuertas.

Ahora, estos profesionales reclaman medios a corto plazo para evitar las muertes de mayores ante un posible rebrote y una mayor coordinación sociosanitaria a largo plazo. Poder hacer test diarios y mejorar la financiación serían dos de las medidas urgentes que habría que tomar, defienden.