El PSOE pide cárcel para un edil del PP por criticar el «despilfarro» de un alcalde socialista

La Audiencia Provincial de León ha tumbado la pretensión del PSOE de condenar a dos años de cárcel al edil del Partido Popular (PP) del municipio de Castropodame Alfonso Pérez por difundir varios vídeos en los que criticaba la gestión del entonces alcalde socialista. El Gobierno municipal, formado íntegramente por ediles del PSOE, calificó las piezas audiovisuales de delitos de injurias y calumnias hechas con publicidad, por lo que solicitó pena de prisión.

Los vídeos, a los que ha tenido acceso este periódico, consisten en cinco montajes -de seis minutos aproximadamente de duración cada uno- en los que, de una forma muy rudimentaria, se van relatando los ejemplos de una presunta mala gestión municipal, sin imputar delitos o irregularidades. Además de la filmación se muestran imágenes del municipio y viñetas satíricas de prensa sobre los dirigentes municipales.

La propia sentencia recoge que esos vídeos «cuestionaban el modo en que se habían adjudicado algunas obras municipales y gastos en eventos para la promoción turística, sugiriendo que se había pretendido favorecer a personas próximas al alcalde, así como se criticaba el nombramiento y el sueldo del personal laboral del Ayuntamiento en concepto de productividad, denunciando falta de transparencia, acompañando la locución de informaciones periodísticas sobre denuncias presentadas ante la Fiscalía y los Juzgados, así como de viñetas o caricaturas con dibujos alusivos a enchufes, personas con bolsas con dinero, personas ociosas, manos entregando dinero y designaciones a dedo».

El abogado Manuel Casero, en conversación con OKDIARIO, califica de «locura» la solicitud de cárcel para el miembro del PP por parte de la acusación popular, integrada por cargos del PSOE de León. «En este tipo de municipios pequeños, los alcaldes creen que tienen el derecho de que nadie les critique, tienen la piel muy fina. Parece que viven en el siglo pasado», lamenta.

Subraya que la sentencia de primera instancia, del Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada que la dio la razón, ya señaló que había indicios de presuntas ilegalidades en la gestión municipal: «En los hechos probados, se dice que a la época del juicio estaban en Actuaciones Previas una denuncia en el Tribunal de Cuentas con el apoyo de la Fiscalía y cifraba la responsabilidad por pagos indebidos del ayuntamiento en unos 18.000 euros».

Ahora, la sentencia que firman un tribunal de tres jueces, fechada a 15 de septiembre de 2023, «acepta los hechos probados y desestima el recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada de 22 de diciembre».

Los jueces sostienen que del análisis de las pruebas se concluye que «el contenido de los vídeos denunciados pretendía esencial y fundamentalmente pedir el voto de los vecinos del Ayuntamiento de Castropodame en el marco de un proceso electoral, exponiendo y compartiendo el PP sus opiniones y puntos de vista personales, sus propuestas pero aún más sus críticas, acertadas o no, sobre cuestiones de indudable interés para los vecinos, sin que pueda considerarse de un modo categórico que los vídeos tuvieran el fin expreso de constituir un ataque personal y gratuito, para humillar, ofender, vejar o calumniar a los denunciantes».

Aunque «algunas formas e imágenes empleadas en tales vídeos son de dudoso gusto y es comprensible que pudieran ofender y molestar a los denunciantes, su difusión debe entenderse no obstante amparada por la libertad de expresión».

Esta denuncia archivada se suma a otras que los miembros del PSOE han emprendido contra el PP local. En particular denunciaron, esta vez sin petición de cárcel, las críticas del edil portavoz del grupo municipal del PP a la secretaria accidental nombrada por el alcalde del PSOE. De nuevo, la Justicia ha archivado ese supuesto caso de acoso. Los populares calculan que el PSOE se ha gastado 200.000 euros en pleitos en los tribunales entre las denuncias y los recursos que han presentado con el correspondiente gasto en abogados. Todo ello en un municipio que tiene un millón de euros aproximadamente al año de presupuesto.