La Audiencia Nacional investiga el impago de 315 millones que Mañueco reclama a Sánchez

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto el 29 de enero de 2026 por la Junta de Castilla y León contra el Ministerio de Hacienda. La comunidad que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP) reclama 315 millones de euros que considera que el Gobierno de Pedro Sánchez le adeuda por los gastos imprevistos asumidos durante el ejercicio 2023 como consecuencia de la aplicación de políticas y normativas estatales, en el marco de la liquidación definitiva del Sistema de Financiación Autonómica.

Tal como adelanta OKDIARIO, el conflicto ha escalado desde la negociación política hasta los tribunales en apenas cuatro meses, convirtiendo una discrepancia técnica sobre cálculos presupuestarios en un litigio judicial de envergadura entre dos administraciones públicas.

La disputa tiene su origen en la liquidación definitiva del Sistema de Financiación Autonómica correspondiente al ejercicio 2023, publicada por el Ministerio de Hacienda en julio de 2025.

Según ese documento, Castilla y León recibió una liquidación positiva total de 616.255.000 euros, resultado de sumar las liquidaciones de todos los recursos del sistema: tarifa autonómica del IRPF, IVA, impuestos especiales, Fondo de Garantía, Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Cooperación y Fondo de Competitividad.

Sin embargo, la Junta sostiene que esa cifra no compensa los gastos extraordinarios en los que ha incurrido por la aplicación de medidas tributarias excepcionales adoptadas por el Gobierno central.

Reclamación de financiación

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó en octubre de 2025 el fundamento de la reclamación con una imagen contundente: «Huir del principio ‘yo invito y tú pagas’.»

Carriedo señaló que las comunidades autónomas se ven «acostumbradas a regulaciones de ámbito nacional que al final acaban suponiendo gastos» y que el objetivo es que «aquel que regula, que establece obligaciones de carácter financiero, sea luego el responsable de satisfacer el crédito de los mismos.»

La Junta formalizó el 21 de octubre de 2025 el requerimiento previo contemplado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, paso preceptivo antes de acudir a los tribunales. El Ministerio de Hacienda lo desestimó mediante resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda el 7 de noviembre de 2025, cerrando así la vía del acuerdo extrajudicial.

Ante esa negativa, el Consejo de Gobierno de Castilla y León autorizó al consejero Carriedo a interponer el recurso judicial, que ha quedado registrado en una sección de lo contencioso en la Audiencia Nacional.

El Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por María Jesús Montero, rechazaba y rechaza de forma taxativa los argumentos de la Junta. En la resolución, la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, en palabras de su titular, Mónica García Sáenz, ha concluido que «conforme a esta normativa no procede el reconocimiento o la compensación directa en el marco del SFA» por el impacto de las medidas a las que alude Castilla y León.

Hacienda señala que los criterios y la metodología de cálculo son los contenidos en la regulación vigente del SFA, esto es, la Ley Orgánica de 1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas, y la Ley de 2009 que regula el sistema de financiación de régimen común.

Según estas normas, la financiación se articula a través de la tarifa autonómica del IRPF, la cesión de impuestos indirectos como el IVA, los impuestos especiales sobre hidrocarburos, tabaco, alcohol y electricidad, la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global y los Fondos de Convergencia Autonómica.

El ministerio añade, además, que no tiene «constancia de la existencia de comunicaciones oficiales» entre ambas administraciones sobre esta discrepancia «más allá del requerimiento previo» que formuló la comunidad.

Recurso ante la Audiencia

Castilla y León es, según los datos de la liquidación de 2023, una comunidad que recibe aportaciones netas relevantes a través del Fondo de Cooperación —442.759.000 euros en ese ejercicio— y del Fondo de Garantía, precisamente porque su densidad de población, de tan solo 25,26 habitantes por kilómetro cuadrado, está muy por debajo del umbral del 50% de la media, y su crecimiento demográfico, de un -0,13% entre 2021 y 2023, es uno de los más bajos del país.

Esta condición de territorio despoblado es, paradójicamente, lo que le garantiza financiación adicional y, al mismo tiempo, lo que eleva sobremanera sus costes de prestación de servicios públicos.

Con 315 millones en juego ante la Audiencia Nacional y el grifo de la información parcialmente cerrado hasta que haya sentencia, el pleito a cara de perro entre Valladolid y Madrid, entre Mañueco y Sánchez, apenas ha comenzado su andadura judicial. En un sistema de financiación que no se reforma desde 2009 y que acumula tensiones entre comunidades y Gobierno central como capas geológicas, este litigio puede ser solo el primero de una serie.