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Vera admite que la libre elección de lengua mantendrá la imposición del catalán en las aulas de Baleares

El conseller de Educación reconoce que cumple con toda la legislación contraria al bilingüismo implantada por Armengol

Pese a ello los sindicatos exigen la retirada de plan piloto "porque el catalán está en peligro de extinción"

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El conseller de Educación del Govern balear del PP, Antoni Vera, admite que el plan piloto de libre elección de lengua mantendrá la imposición del catalán en las aulas de Baleares porque «no cambia ni una coma de la normativa vigente» y «es acorde con el Estatut d’Autonomia, el Decreto de Mínimos, la Ley de Normalización Lingüística y la Ley balear de Educación», que aprobó el anterior Ejecutivo de la socialista Francina Armengol.

Además, se ha mostrado «abierto a todas las enmiendas y alegaciones» que quieran hacer los sindicatos sobre el Plan Piloto Voluntario de Elección de Lengua, pero ha insistido en que «cumple la normativa vigente».

Unos sindicatos de corte independentista que avalan la imposición del catalán en los colegios de las Islas, que son contrarios a cualquier modificación en este ámbito y con los que se ha reunido Vera en la Mesa Sectorial de Educación.

El conseller ha vuelto a destacar que el plan es voluntario y esa es la intención de la Conselleria. «Que se haga piloto, voluntario, y que tenga una evaluación al inicio y al final del plan que es de tres años», ha declarado el conseller.

Pese a esta voluntad de alcanzar un acuerdo con los representantes sindicales rebajando a su mínima expresión las posibilidades para materializar la libre elección de lengua en los colegios de Baleares, los sindicatos han exigido al conseller la retirada del plan.

El secretario de Enseñanza Pública del mayoritario sindicato STEI, LluÍs Segura, ha asegurado que el plan «no cumple con el requisito pedagógico, es innecesario y se pone sobre la mesa después de decir que habría consenso».

«Tenemos más de 200 centros que se han apuntado a la campaña La llengua no es toca, y todos dicen claramente que esta normativa no cumple con una expectativa pedagógica, sino política para dar voz a un partido de ultraderecha», en referencia a Vox.

El sindicato STEI con el que el PP quiere alcanzar un consenso en esta materia, se define y trabaja, según sus estatutos, «por la consecución del derecho a la autodeterminación de las Islas Baleares y la plena soberanía nacional, valorando la plena reivindicación y expansión de la lengua catalana como un elemento esencial».

El STEI: «Acudiremos a los tribunales»

Segura ha avanzado que desde STEI pedirán la retirada del plan y, en caso de que éste salga adelante, ya tienen a los servicios jurídicos estudiando las cuestiones que ahora mismo hay sobre la mesa. «Tenemos claro que acudiremos a los tribunales», ha finalizado.

De su lado, el portavoz de Unión Obrera Balear, Biel Vives, ha considerado que el plan «es una abominación» y, por ello, ha exigido también su «retirada inmediata». «El catalán, a nuestro parecer, está en peligro de extinción y lo último que necesita es perder presencia en el sistema educativo», ha alertado.

También desde UGT, el secretario de Ensenyament, Tino Davias, ha hecho la misma solicitud a la Conselleria, en su caso al opinar que el plan es «absolutamente innecesario».

«Es un plan segregador y de dudosa legalidad, y evidentemente pondremos nuestros servicios jurídicos a disposición de afiliados y del colectivo docente para que no se vulneren los derechos sociolaborales de los docentes ni los lingüísticos de los alumnos», ha declarado.

Por último, el presidente de ANPE Baleares, Víctor Villatoro, ha recordado que reclamaron al conseller «una legislatura tranquila» y ha destacado la necesidad de «buscar soluciones para el profesorado desplazado en las otras islas».

Pese a las críticas sindicales, el plan piloto del Govern de Marga Prohens da preferencia a la enseñanza en catalán, mantiene el polémico Decreto de Mínimos que obliga a dar al menos el 50% de las asignaturas en la lengua antes mencionada y relega el español a la asignatura de Matemáticas y otras dos a elegir entre el grupo de las consideradas marías.