Son Busquets, en pie de guerra: residentes denuncian el asalto al cuartel de los okupas desalojados de la cárcel vieja
El barrio clama contra el Gobierno de Pedro Sánchez y le acusan de querer crear un gueto como las 3000 viviendas de Sevilla
El ministerio de Vivienda se lava las manos y permite que los okupas campen a sus anchas
La tensión ha estallado en Son Busquets. Lo que debía ser un ambicioso proyecto de vivienda pública en Palma se ha transformado, según denuncian los vecinos, en un foco creciente de inseguridad, ocupación ilegal y abandono institucional. Este miércoles, residentes de zonas como Parc des Fons-Conservatori y Camp Redó protagonizaron una sonora protesta entre silbatos y cacerolas para denunciar lo que consideran una situación «insostenible» ante la pasividad del Ministerio de Vivienda.
La indignación vecinal apunta directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de haber convertido el antiguo cuartel militar en un espacio sin control, abierto a la entrada constante de okupas procedentes, en muchos casos, de la antigua cárcel de Palma.
El origen del problema, relatan los afectados, está en el traslado progresivo de grupos desalojados de la vieja prisión de Palma hacia este recinto sin vigilancia efectiva. «Es un problema nómada: los sacan de un sitio y aparecen en otro”» explican vecinos que aseguran haber presenciado entradas constantes al recinto, especialmente durante la noche. La sensación de descontrol se ha intensificado tras el traspaso de la gestión desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Vivienda, un cambio que, según denuncian, ha supuesto pasar «del orden militar al caos absoluto».
Durante la etapa anterior, recuerdan, el recinto contaba con vigilancia física permanente, control de accesos y presencia disuasoria. Ahora, en cambio, la seguridad se limita a sensores que detectan movimientos, pero no van acompañados de intervención alguna. «Los sensores no paran de pitar toda la noche, pero nadie viene. «Es el sonido de la impunidad», lamentan. La imagen de personas saltando muros sin consecuencias se ha vuelto habitual, según los testimonios recogidos en la zona, lo que ha alimentado la percepción de abandono total por parte de las autoridades.
A este escenario se suma el temor creciente por el futuro desarrollo urbanístico del solar. El proyecto contempla la construcción de más de 800 viviendas de alquiler social, una medida que, lejos de tranquilizar, ha encendido las alarmas entre los residentes. El miedo no está en la vivienda social en sí, insisten, sino en la concentración masiva sin un plan claro de integración.
«Esto puede acabar como las 3000 viviendas de Sevilla», advierten, utilizando uno de los ejemplos más conocidos de marginalidad urbana en España. La palabra «gueto» se repite con frecuencia entre los vecinos, que temen que el barrio quede estigmatizado y se convierta en una zona problemática a medio plazo.
El clima de inseguridad ya forma parte del día a día. Algunos residentes aseguran que evitan incluso documentar lo que ocurre por miedo a represalias. «Los ves saltar el muro, pero no puedes ni hacer una foto. Te expones”» afirma una vecina. Otros hablan abiertamente de amenazas y de una creciente sensación de vulnerabilidad. La ocupación de antiguas garitas de vigilancia del cuartel, convertidas ahora en refugio improvisado, es para muchos el símbolo definitivo de la pérdida de control sobre el espacio.
En el centro de las críticas se sitúa también la gestión del Ministerio de Vivienda y la entidad pública encargada del desarrollo del proyecto, conocida como Casa 47. Los vecinos denuncian falta de respuestas, reuniones sin resultados concretos y una desconexión total con la realidad que se vive sobre el terreno. «No queremos planes a diez años mientras hoy no podemos vivir tranquilos», insisten, reclamando medidas urgentes como la recuperación de la vigilancia física permanente y el cierre efectivo del recinto.
Para los residentes, Son Busquets se ha convertido en la «zona cero» de un modelo que consideran fallido: una combinación de ocupación itinerante, falta de seguridad real, proyectos urbanísticos sin ejecución inmediata y una respuesta institucional percibida como insuficiente.
La protesta vecinal no es un episodio aislado, sino el reflejo de un malestar creciente que amenaza con ir a más si no se adoptan soluciones a corto plazo. Mientras tanto, las alarmas siguen sonando cada noche en el recinto, en lo que muchos describen como el recordatorio constante de un problema que, lejos de resolverse, continúa agravándose. Los manifestantes también quisieron agradecer al Ayuntamiento de Palma su colaboración y apoyo en estos momentos tan complicados.
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