Siete años tarde

Para evitar inundaciones como las que provocaron 13 muertos en octubre de 2018 en Sant Llorenç, casi ocho años después de aquella tragedia, el Consell de Mallorca ha iniciado las obras, que tienen un presupuesto de 9 millones de euros, y multiplicarán la capacidad hidráulica de paso de 500 toneladas por segundo. El objetivo es que unas nuevas inundaciones no afecten lo mínimo posible al casco urbano del municipio.

El actual presidente del Consell, Llorenç Galmés, se ha visto en la necesidad de pedir disculpas por el hecho de que esta obra haya estado cinco años bloqueada entre administraciones y ha dicho que entiende que la ciudadanía no pueda comprender el retraso después de una tragedia sin precedentes. «Cuando llegamos al Consell de Mallorca, nos pusimos a trabajar para desbloquear este proyecto y lo fijamos como prioridad máxima».

Entre el año 2019, un año después del suceso, y el 2023 gobernó el Consell Catalina Clarera de quien hasta la fecha no se le ha oído expresar ningún lamento por no haber sabido, podido o querido resolver uno de los mayores problemas que han ocurrido en la isla en años. Y, por supuesto, tampoco la presidenta de esta comunidad en aquellas fechas, entre el 2015 y el 2023, hoy tercera autoridad del Estado, en atribución de su máxima autoridad, haya obligado a resolver el problema de inmediato. Ya ven, una inquera y una poblera llamándose a andana sobre un municipio de la Part Forana.

MARTES: UN ZOCO ÁRABE. El aeropuerto de Palma, tras sucesivas reformas que tienen su origen en un diseño que dejó bastante que desear, con puertas de salida a los vuelos a distancias kilométricas, se acaba de convertir ahora, al margen de sus objetivos, que son los de una rápida salida y llegada, en una especie de zoco árabe donde parece que en un aeropuerto lo importante consiste, antes que volar rápidamente, en ir de tiendas, con lo cual parece que su único objetivo es ganar dinero a espuertas. Pero ahora, a la vista de las circunstancias, los autollamados ecosoberanistas han tenido una feliz idea que debería habérsele ocurrido al PP, que es el grupo mayoritario de nuestro Parlament, pero parece que en ocasiones tampoco andan muy finos y, en materia de controlar un turismo que nos está desbordando, aún menos.

Pero vaya, el pleno del Parlament ha aprobado la proposición de ley de cogestión aeroportuaria, que podría otorgar a Baleares un mayor poder en las decisiones relacionadas con la gestión de los aeropuertos y que ahora deberá ser debatida en el Congreso de los Diputados, dado que modifica normativas estatales. Esta iniciativa legislativa ha recibido los votos favorables de Més y el PP. El PSIB y Unidas Podemos se han abstenido, mientras que Vox, otros que tal bailan, ha sido el único grupo que ha votado en contra. Digamos que al PSIB sanchista e independentista al parecer lo único que le interesa es no hacer lo que predica, siguiendo, claro está, la política de hacer a la vez una cosa y la contraria de acuerdo con sus mentores.

MIÉRCOLES: CAN SERRA. El edificio histórico de Can Serra, ubicado en la céntrica plaza Quadrado, se rehabilitará y pasará a convertirse en el Museo de Historia de la ciudad. Casi un cuarto de siglo después de su adquisición por el Govern balear, el Ayuntamiento de Palma, al que le fue cedida en 2005 la propiedad de este inmueble del centro histórico, da el primer paso para acometer su imprescindible rehabilitación y se invertirán diez millones de euros procedentes de fondos del impuesto de turismo sostenible.

Can Serra está conformado en realidad por tres edificios. La casa principal data de finales del siglo XIII y el conjunto fue declarado en 1992 Bien de Interés Cultural (BIC), pero, como ocurre con otros casales históricos de propiedad pública, tal es el caso de Can Weiler, en la calle de la Pau, un edificio del SXIV propiedad del Consell de Mallorca y también actualmente sometido a dejadez.