El pueblo más turístico de Ibiza planta cara a la inseguridad: triplica las cámaras en sus calles y denuncia 38 pisos turísticos ilegales y 75 viviendas patera
Cuenta con ocho efectivos de seguridad privada para vigilancia y otros tantos agentes contra el intrusismo y la convivencia
Una inspectora de vivienda del Govern colabora en las inspecciones policiales a pisos con condiciones de infravivienda
El pueblo más turístico de Ibiza como es el caso de Sant Antoni de Portmany que concentra buena parte de la oferta hotelera de la isla planta cara a la inseguridad: triplica las cámaras en sus calles (de 40 a 120) y detecta 40 pisos turísticos ilegales y 75 viviendas patera con sobreocupación.
A la hora de hacer balance de la recién concluida temporada turística, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra (PP), ha agradecido la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Nacional y ha destacado que, en materia de lucha contra el intrusismo, durante la temporada se han llevado a cabo 137 inspecciones de viviendas turísticas, que han derivado en la apertura de 38 actas remitidas al Consell de Ibiza para su tramitación.
También se han realizado 75 inspecciones en viviendas con sobreocupación, algunas de ellas con situaciones especialmente graves, en las que se han llegado a detectar hasta 30 personas conviviendo en un mismo inmueble.
“Se trata de situaciones de infravivienda que requieren una intervención firme, porque hablamos de personas que viven en condiciones muy precarias y que, en ocasiones, también están relacionadas con otros problemas de seguridad y convivencia”, apunta Serra.
El alcalde también ha puesto en valor el refuerzo de los recursos municipales destinados a la seguridad y al control de actividades irregulares.
La plantilla de la Policía Local ha pasado de 59 a 69 agentes, a los que se suman ocho efectivos de seguridad privada para realizar labores de vigilancia intermitente en distintos espacios municipales y ocho agentes de intrusismo y convivencia.
“Estos últimos han participado especialmente en las inspecciones de posibles viviendas de alquiler turístico ilegal, la detección de taxis pirata y otras actuaciones contra el intrusismo”, ha detallado.
Otro de los aspectos destacados ha sido la ampliación de la red municipal de videovigilancia, que ha pasado de 40 a 121 cámaras.
El alcalde ha destacado que “una parte importante de estos dispositivos incorpora sistemas de reconocimiento de matrículas, que han resultado de utilidad para la Policía Local y la Guardia Civil en el esclarecimiento de diferentes investigaciones, algunas de ellas relacionadas con hechos de especial gravedad.
«Ha sido una inversión importante y necesaria. Estas cámaras están ayudando a esclarecer casos concretos y son una herramienta de apoyo fundamental para los cuerpos policiales», ha destacado el alcalde.
También se ha tratado el funcionamiento del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), que desde hace dos veranos presta servicio de lunes a domingo.
El alcalde ha señalado que se estudiará ampliar el horario de atención hasta las 21 horas para responder a las demandas del sector hotelero y la ciudadanía y reforzar la atención en la zona turística de s’Arenal.
Por último, el Ayuntamiento ha recordado que cuenta con un servicio licitado este año para la recogida y tratamiento de las botellas de óxido nitroso abandonadas en la vía pública y las retiradas por la Policía Local y se ha planteado establecer una vía de colaboración con la Guardia Civil y el Consell de Ibiza para facilitar la gestión de las que intervenga este cuerpo de seguridad.
Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, ha destacado la colaboración institucional y la financiación procedente del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), a través del decreto de turismo responsable, y de las subvenciones del Consell para reforzar los recursos humanos y materiales destinados a mejorar la seguridad del municipio y combatir el intrusismo.
También ha puesto en valor la incorporación de una inspectora de vivienda del Govern balear en la isla de Ibiza, que ha colaborado con la Policía Local y la Guardia Civil en las inspecciones de viviendas con condiciones de infravivienda, cuyos expedientes se tramitan por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad para su posible sanción.
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