El PSOE exige al PP que ayude a 32.000 familias de Mallorca de alquiler cuando no hizo nada gobernando

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 11/06/2026 04:00
  • Actualizado: 11/06/2026 04:00

El PSOE exige al PP que ayude a 32.000 familias de Mallorca a pagar el alquiler cuando no hizo nada gobernando la pasada legislatura, donde las políticas desclasificatorias de suelo impulsadas por la izquierda y la pasividad en materia de vivienda pública que constreñían la oferta inmobiliaria dispararon su precio.

De hecho, el precio de venta en Mallorca pasó entre 2019 y 2023 de una media de 2.800 euros a 3.700 euros el metro cuadrado (m²), mientras que el del alquiler aumentó un 15,4% de 11,8 euros/m² a 13,6 en febrero de 2023, según el portal Idealista.

Ahora en la oposición, el grupo socialista en el Consell aún bajo las órdenes de la ex presidenta insular, Catalina Cladera, ha presentado una moción para exigir al equipo de gobierno insular de PP y Vox que proteja a las 32.000 familias de Mallorca que se pueden ver afectadas por subidas abusivas de los contratos de alquiler este año.

Según  el conseller socialista Joan Ferrer, se trata de «una situación de exclusión residencial masiva, con centenares de personas sin hogar y miles que no pueden afrontar el pago de un alquiler mensual».

La formación ha señalado que la prórroga extraordinaria de los alquileres aprobada por el Gobierno y tumbada en el Congreso podría haber protegido hasta 86.000 personas en Mallorca, cerca de 32.000 familias.

El socialista ha criticado que hay grandes tenedores que «se dedican a traficar impunemente» con el derecho a la vivienda mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, «hacen de chóferes de Vox».

La moción reclama que el Consell ejerza las competencias que le marca la ley balear de vivienda y active de forma inmediata la oficina de apoyo y acompañamiento jurídico para las personas afectadas por abusos inmobiliarios.

Se trata de un servicio que Menorca ya tiene operativo y que en Mallorca continúa sin desplegarse. Ferrer ha solicitado que esta oficina sea «real y efectiva» y que «no sea un simple anuncio, sino una realidad» que permita que cualquier ciudadano pueda recibir asesoramiento y defensa ante situaciones de abuso.

También pide a ambas administraciones que ejerzan el derecho de tanteo y retracto para ampliar el parque público de vivienda y que declaren Mallorca como zona tensionada.

Finalmente, el PSOE ha hecho un llamamiento a los partidos con representación en el Congreso para que «rectifiquen y piensen» en las personas que hoy afrontan incrementos de 300, 400 o 500 euros en la renovación de su contrato.

«Es incoherente aplaudir discursos sobre la defensa de los más vulnerables, como el que León XIV hizo este pasado martes en las Cortes de España, mientras se vota contra medidas que los protegen», ha concluido Ferrer.