Prohens promete un plan para legalizar las 30.000 viviendas que existen en el suelo rústico de Baleares

El PP de Baleares que lidera Marga Prohens contempla en su programa electoral un plan para regularizar las viviendas en suelo rústicos que se han ido levantando a lo largo de los años de forma ilegal. Lo que propone el PP es recuperar una disposición adicional que figuraba en  la Ley del Suelo aprobada por al anterior Govern del PP por la que se abría una vía para legalizar las miles de viviendas alegales que existen en suelo rústico de Baleares, unas 30.000 según algunos cálculos.

La presidenta del PP, Marga Prohens, ha anunciado este fin de semana en Ibiza algunas de las medidas para dar una salida a estas viviendas fuera de ordenación y las condiciones para conseguirlo. Los propietarios que decidan legalizar su casa deberán rehabilitarla con medidas de eficiencia energética e hídrica, y pagar la sanción que proceda cuya recaudación debe ser finalista en el ámbito medioambiental o de promoción de suelo público.

Mariano de Juan, coordinador de la Comisión de Vivienda del PP balear, ha explicado a OKDIARIO que, en caso de gobernar después del 28M, el Ejecutivo autonómico realizará cambios legislativos para que en las edificaciones fuera de ordenación se puedan ejecutar obras de consolidación y rehabilitación.

Además, se creará una figura jurídica para los núcleos de población irregulares consolidados antiguos puedan obtener un reconocimiento que permita a todas las personas que viven en ellos disponer de servicios urbanísticos como el saneamiento y agua potable para evitar contaminaciones y degradación.

La urbanización del suelo rústico de Baleares se disparó en la década de los 90 y el proceso continuó imparable hasta la llegada de la crisis de 2007. Se calcula que actualmente hay al menos unas 150.000 viviendas de uso residencial o turístico en los campos de la Isla que acogen a unos 400.000 habitantes. Del total de viviendas en rústico, al menos 30.000 son ilegales aunque a falta de un estudio en profundidad la cifra puede ser muy superior.

Entre 1991 y 1995, según los registros del Consell de Mallorca, el número de solicitudes para construir en suelo rústico oscilaba entre las 400 y las 500 anuales. Cuando llegó el anuncio de que la superficie mínima para edificar en rústico aumentaría de 7.000 a 14.000 metros cuadrados, las solicitudes subieron exponencialmente. En 1996 se alcanzó la cifra de 900 peticiones de licencia para rozar las 2.000 en 1999.

Javier de Juan ha explicado que el proceso para indultar una casa ilegal en suelo rústico no está definido pero ha comentado que será similar al que contemplaba la denominada Ley Company aunque con el añadido de que será obligatorio realizar obras de eficiencia energética. Las casas deberán ser autosuficientes en cuanto a energía y agua.

Explica Javier de Juan que actualmente en estas viviendas ilegales en suelo rústico no se puede hacer nada, ni siquiera pintarlas, cuando se trata en muchos casos de edificaciones antiguas que necesitan ser rehabilitadas. Son casas ilegales pero que no se pueden derribar puesto que las infracciones están prescritas. Son miles las familias que habitan en una casa ilegal que en muchas ocasiones levantaron sus padres o abuelos.

La normativa del anterior Govern del PP que permitía indultar las casas ilegales, y fue  fue derogada por el primer Govern de Francina Armengol,  contemplaba conceder un plazo de tres años para regularizar estas viviendas, un proceso que debían gestionar los Consells Insulares y que además iba a  tener un coste económico importante para los propietarios.

Así y todo no cualquier casa ilegal podía acogerse a la amnistía. Quedaban excluidas las levantada en zonas protegidas y las que tuvieran expedientes abiertos de disciplina urbanística. El delito por levantar una casa ilegal prescribe a los 8 años.

Según aquella normativa, lo primero que debía hacer el propietario para legalizar su vivienda rústica era abonar al Ayuntamiento la licencia de obras que nunca se pagó. Debía ser una licencia que contemplara lo ya edificado y todas las reformas necesarias para que la vivienda pueda conseguir la cédula de habitabilidad y para adaptarse plenamente a la normativa del municipio en cuestión.

Posteriormente el propietario debía pagar a modo de multa una prestación económica al Ayuntamiento. Durante el primer año de la puesta en marcha del proceso, la multa era el 15% del valor de la edificación. Si la legalización se realizaba durante el segundo año, la multa será del 20% y aumentaba al 25% si se espera al tercer año.

Este proceso debía suponer una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos, aparte de la incidencia que tenía en la reactivación de la economía de los municipios. Hay que señalar que todo el dinero procedente de la legalización de una vivienda en suelo rústico era para las arcas municipales. El Ayuntamiento necesariamente debía destinar lo recaudado a inversiones medioambientales o de mejora paisajística y en ningún caso podía utilizarse para gasto corriente.