El PP aprueba con el aval del PSOE la norma que restringe la entrada de coches al centro de Palma
Pese al rechazo de Vox, Més y Podemos, la abstención de los socialistas permite al PP sacarla adelante
Desde el 1 de enero los vehículos de más de 25 años que accedan serán multados hasta con 200 euros
El Gobierno en minoría del PP ha aprobado, con el aval en forma de abstención del PSOE, la norma que restringe la entrada de coches al centro de Palma y que desde el día 1 de enero sancionará el acceso a los vehículos de más de 25 años.
La denominada Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha sido rechazada por diferentes motivos por los independentistas de Més, por la única concejala de Podemos en el salón de plenos que proponían ampliar el radio de las restricciones y los seis ediles de Vox, contrarios a implantarla en el centro de la capital balear, la zona menos contaminada por su cercanía al mar y de menor densidad de tráfico, dado que sólo se permite el acceso a los residentes.
El gobierno municipal presidido por el alcalde Jaime Martínez cumple así con la exigencia de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética que obliga a tenerla en vigor en enero de 2025 y en caso de que no fuese así, Palma podría perder 43 millones de euros de fondos europeos asociados a éste y otros proyectos medio ambientales.
La implantación de las ZBE restringirá el tráfico rodado en el centro de la capital balear a los vehículos de gasolina de más de 25 años (matriculados antes de 2002) y los diésel con una antigüedad superior a los 24 años (matriculados antes de 2006).
Incumplir esta normativa y circular con un vehículo no autorizado en una ZBE está considerado una infracción grave en la Ley de Tráfico vigente desde 2022 sancionada con una multa de 200 euros.
A partir del 1 de enero de 2027 no podrán hacerlo los de etiqueta B, es decir, los de gasolina matriculados antes de 2006 y los de diésel anteriores a 2015. Finalmente, a partir del 1 de enero de 2030 los vehículos con distintivo C, los de gasolina que se hayan matriculado a partir de 2006 y los diésel desde 2014.
El grupo municipal de Vox hizo público tras el acuerdo un comunicado en el que precisó que ha sido el único partido político en oponerse a que la ZBE sea en el centro de Palma. La formación liderada por el concejal Fulgencio Coll recordó que en su momento ya denunció que el informe en el que se basaba esta implantación de la ZBE había sido realizado por una empresa que carecía de experiencia en la materia y así quedó acreditado en el expediente de contratación de la misma.
Hay que recordar que obtuvo sólo siete puntos sobre 40 en la valoración técnica. Fue la única empresa que se presentó y, a pesar de su falta de experiencia, el concurso no se declaró desierto como hubiese sido lo lógico.
La portavoz de Vox, Gari Durán, ha manifestado que «de los técnicos firmantes de la adjudicación, algunos de ellos recientemente dimitieron de sus cargos en el área de movilidad. Lo cual no deja de ser significativo. Además, fue la misma empresa que llevó a cabo el informe de la ciudad de Barcelona, gobernada por Ada Colau, y la ordenanza fue recurrida en el Supremo, y los demandantes ganaron».
En el caso de Palma, esta falta de experiencia quedó acreditada, según Durán, «por el hecho de que las mediciones de emisiones se realizaron únicamente en unos puntos concretos de la zona centro y no en todo el término municipal de Palma, lo cual hubiese sido lo lógico si lo que se pretendía era conocer realmente, cuáles eran las zonas más contaminadas de Palma. Es decir, se hizo una medición dirigida a que la zona centro (y no otra) fuese la ZBE, y justamente el centro histórico, que es la zona menos contaminada de toda la ciudad».
A partir del 2030, sólo podrán acceder aquellos que dispongan de un vehículo ECO y «por tanto», apostilló Durán, «los que no dispongan de uno, deberán desembolsar de su bolsillo entre 18.000 y 45.000 euros por la compra de un vehículo nuevo».
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