Pintadas contra Sánchez en el centro de Palma: «Romper la unidad de España es un delito»
El colectivo ARCA lamenta su proliferación en diferentes edificios catalogados del centro histórico
Mano dura del alcalde de Palma contra las pintadas vandálicas: cámaras, drones y multas de 3.000 euros
El centro de Palma se llena de grafitis ante la inacción del Ayuntamiento
En plenas negociaciones de los socialistas con partidos independentistas, golpistas de ERC y Junts, con el prófugo Carles Puigdemont al frente, para la investidura de Pedro Sánchez, han proliferado estos días en Palma pintadas en fachadas de diferentes edificios del centro histórico contra el presidente del Gobierno en funciones, con un mensaje contundente: «Romper la unidad de España es un delito. Sánchez no lo logrará».
A diferencia de otros grafitis vandálicos, el recado al dirigente socialista está hecho con una plantilla y spray, para que se pueda leer bien y está presente, entre otras direcciones, en un lateral del instituto Joan Alcover en las céntricas Avenidas de Palma, en la calle Tous i Maroto en la fachada del edificio de Correos, Mercado del Olivar, etcétera.
Respecto a estas pintadas, el colectivo conservacionista en defensa del patrimonio histórico ARCA ha expresado su rechazo recordando que «estropear el patrimonio público o privado puede llegar a ser delito si se estropea un elemento catalogado». «Hay muchas formas de expresar una idea y nada justifica agredir el paisaje urbano y las propiedades ajenas».
La entidad explica que la primera en aparecer fue junto al Teatro Principal, en un espacio recientemente limpiado por el Ayuntamiento y «fue borrada de inmediato. La siguiente fue en el Mercado del Olivar, y ahora, han hecho otra en el edificio de Correos, estropeando piedras con historia. Nos consta que hay en más sitios».
«El edificio de Correos está catalogado con un grado de protección B, es decir que esta agresión de pintada vandálica podría ser considerado un delito», advierte el colectivo que precisa que toda pintada vandálica, esté donde esté, «es una infracción administrativa, una falta contra la normativa y en algún caso puede considerarse delito».
Por último, exigen a las autoridades «que lleven a cabo las investigaciones necesarias para descubrir a los infractores y que sean borradas de inmediato, como el mejor sistema para disuadir de hacer más».
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