¡Otra vez no!

«Si no es de una manera, será de otra»: la inquietante advertencia de Sánchez.

Hay frases que deberían pasar inadvertidas y otras que, pronunciadas por quien ocupa la Presidencia del Gobierno, obligan a detenerse y reflexionar. Cuando Pedro Sánchez asegura que seguirá gobernando «de una manera o de otra», la pregunta es inevitable: ¿qué significa exactamente esa otra manera?

La frase pronunciada por Pedro Sánchez es imposible de ignorar y merece un análisis que vaya más allá de su aparente significado. Desde su llegada a la política y al Gobierno he sido muy crítico con él. Y no, no ha sido por una mera cuestión ideológica, sino por lo que considero una trayectoria marcada por la mentira, los escándalos de corrupción que rodean a su entorno político y familiar, y decisiones que juzgo profundamente lesivas para España. Todo ello ha contribuido, a mi juicio, a un deterioro institucional, político y social de una gravedad extraordinaria.

Ahora, ante las próximas elecciones generales, Sánchez pronuncia una frase que podría parecer banal. Ojalá lo fuera. Podríamos interpretarla como una simple expresión de confianza en sus posibilidades electorales, pero hay motivos para detenerse en ella y preguntarse si encierra algo más.

Porque lo verdaderamente inquietante no es que Pedro Sánchez esté convencido de que puede ganar las elecciones. Es que parezca dar por hecho que continuará gobernando incluso si los resultados no le permiten hacerlo por sí mismo. La pregunta de fondo es inevitable: ¿a qué se refiere exactamente con esa otra manera?

Una inquietud que va más allá de una frase

El 16 de octubre, en Bruselas, Sánchez respondió a una pregunta sobre las negociaciones entre las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE para concurrir conjuntamente a las elecciones. En ese contexto, afirmó que, se presentasen juntas o por separado, estaba convencido de que su proyecto continuaría cuatro años más.

Es justo reconocer que la declaración admite una interpretación perfectamente convencional: la confianza en alcanzar una mayoría parlamentaria mediante los acuerdos políticos que permite nuestro sistema democrático. Gobernar mediante pactos es legítimo. Nadie puede cuestionarlo cuando esos acuerdos respetan la Constitución, las leyes y la voluntad expresada por los ciudadanos.

Pero una cosa es aspirar legítimamente a gobernar mediante acuerdos parlamentarios y otra transmitir una seguridad que parece ir más allá de la incertidumbre propia de cualquier proceso electoral.

Y es precisamente esa diferencia la que alimenta la inquietud. ¿Pretende Sánchez convencer a los españoles de que merece seguir gobernando o transmitirles que, voten lo que voten, encontrará la fórmula para permanecer en el poder?

No afirmo que esa frase demuestre la existencia de un plan oculto. No lo demuestra. Pero tampoco creo que debamos renunciar a preguntarnos por su significado, especialmente cuando quien la pronuncia lleva años haciendo de su permanencia en La Moncloa el eje de su estrategia política.

La historia nos obliga a estar alerta

Hay precedentes históricos que, sin que debamos establecer paralelismos automáticos con el presente, merecen ser recordados.

Largo Caballero, dirigente histórico del socialismo español, protagonizó una concepción de la política y del poder que entró en abierta confrontación con la democracia liberal. Los acontecimientos de 1931, la revolución de octubre de 1934 y la tragedia de 1936 constituyen episodios de nuestra historia que deberían servirnos para comprender hasta qué punto la radicalización política, la deslegitimación del adversario y el desprecio por las reglas de convivencia pueden conducir a consecuencias devastadoras.

No estamos en 1931, ni en 1934, ni en 1936. España es hoy una democracia constitucional y las circunstancias históricas son distintas. Pero precisamente porque conocemos nuestra historia, deberíamos ser especialmente cuidadosos con las palabras y con los comportamientos de quienes ejercen el poder.

Que nadie me diga que todo ha cambiado y que nada de aquello puede volver a suceder. La historia no se repite necesariamente de la misma manera, pero sí puede ofrecernos lecciones cuando reaparecen determinados síntomas de enfrentamiento y deslegitimación del adversario.

En los últimos años hemos asistido a ocupaciones de espacios públicos por motivos políticos, llamamientos a tomar las calles, amenazas de huelgas generales, episodios de hostilidad contra dirigentes de la derecha y una utilización constante de la etiqueta de extrema derecha para desacreditar a quienes discrepan del Gobierno. Cuando el debate político deriva hacia la amenaza, la intimidación o la negación de legitimidad al adversario, la convivencia democrática se resiente.

No todas esas actuaciones tienen la misma gravedad ni pueden equipararse automáticamente. Pero su acumulación contribuye a generar un clima de confrontación que debería preocuparnos a todos.

Y de ahí nace una pregunta que no podemos eludir: ¿estamos ante una campaña electoral más o existe el riesgo de que determinados sectores políticos no acepten con normalidad una alternancia en el poder si los españoles deciden poner fin al actual Gobierno?

La alternancia democrática no es una concesión de quien gobierna. Es una consecuencia esencial de la soberanía popular. Ningún presidente tiene derecho a considerar que su permanencia en el poder constituye una necesidad superior a la voluntad de los ciudadanos.

España se juega mucho más que un Gobierno

Caeríamos, sin embargo, en un error si analizáramos las próximas elecciones exclusivamente como una disputa por la presidencia del Gobierno.

España se encuentra en una encrucijada decisiva. Coinciden una profunda transformación de nuestro país, una etapa de incertidumbre en Europa y un cambio del orden geopolítico internacional que afecta directamente a nuestra seguridad, nuestras alianzas y nuestro futuro.

Están en juego la confianza en las instituciones, la separación de poderes, la igualdad ante la ley, la unidad nacional y la credibilidad de España dentro y fuera de nuestras fronteras. También nuestra política exterior, nuestro papel en Europa, las relaciones transatlánticas y nuestra posición ante los conflictos y las nuevas amenazas internacionales.

Pero hay algo más inmediato: debemos valorar lo que han supuesto estos años de Gobierno de Pedro Sánchez.

Los pactos con los independentistas y con Bildu; la amnistía concedida a los responsables del procés, que considero una vergonzosa cesión política y una claudicación ante quienes desafiaron el orden constitucional; la creciente polarización de la sociedad española; la persistencia de las tensiones territoriales; la política migratoria; las decisiones relativas a Ceuta y al Sáhara Occidental, que considero perjudiciales para los intereses nacionales; y los escándalos de corrupción que afectan al PSOE y a personas de su entorno.

A ello se suma la inquietud que provocan los ataques políticos contra jueces y otros representantes de las instituciones, así como las amenazas y campañas de hostigamiento que puedan sufrir quienes ejercen sus funciones con independencia.

No son asuntos menores ni episodios inconexos. Forman parte del balance político que los ciudadanos deben examinar antes de depositar su voto. Y es legítimo preguntarse si España puede permitirse otros cuatro años de continuidad de un Gobierno, cuya actuación ha suscitado semejante controversia y desconfianza en amplios sectores de la sociedad.

Por eso, la frase de Sánchez adquiere una dimensión que va más allá de una negociación entre partidos de izquierda. En una democracia, el poder pertenece a los ciudadanos y se ejerce conforme a las reglas constitucionales. Los pactos parlamentarios son legítimos; la voluntad popular, sin embargo, no puede convertirse en un obstáculo que el gobernante considere necesario sortear.

El 29 de noviembre, la decisión está en manos de los españoles

No sabemos qué quiso expresar exactamente Pedro Sánchez con aquella frase. Lo que sí sabemos es que ningún presidente debería dar por descontada su continuidad antes de que los ciudadanos hayan decidido en las urnas. Mucho menos debería alimentar la sospecha de que existe una alternativa a la derrota electoral distinta de los mecanismos constitucionales y parlamentarios establecidos.

La democracia no consiste únicamente en votar. Consiste también en respetar el resultado, aceptar la alternancia y comprender que ningún proyecto político está por encima de España ni de la voluntad de los españoles.

Por eso, ante las elecciones del próximo 29 de noviembre, solo cabe esperar que todo transcurra con absoluta normalidad democrática, que se respete escrupulosamente la legalidad y que los ciudadanos puedan decidir libremente el futuro de su país. Y que ese día los españoles tengan la lucidez, la responsabilidad y la determinación necesarias para comprender la trascendencia de su voto.

No se trata simplemente de que ganen el PP o Vox. Se trata de que España recupere la confianza en sus instituciones, la igualdad ante la ley, la fortaleza de su democracia y la certeza de que ningún gobernante puede apropiarse del poder ni considerar que su permanencia en él está por encima de la voluntad nacional.

Porque el 29 de noviembre no solo se decidirá quién gobierna España. Se decidirá si los españoles quieren abrir una nueva etapa política y poner fin a un ciclo que ha deteriorado gravemente la confianza de una parte sustancial de la sociedad en sus instituciones.

Y hay una certeza que debería estar fuera de toda discusión: en democracia no se gobierna «de una manera o de otra». Se gobierna cuando los ciudadanos lo permiten conforme a la Constitución y las leyes. Todo lo demás es incompatible con el respeto que merece la soberanía nacional, respeto que Sánchez ha demostrado con creces, no importarle en absoluto y en su forma de ejercer el poder, que es lo único que le interesa. «El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes». Cicerón.