Más suelo, más vivienda y menos excusas: la receta de Galmés

Hay decisiones que van mucho más allá de una simple operación administrativa. La cesión gratuita de los terrenos del Consell de Mallorca al Ibavi para construir más de 300 viviendas de protección pública es una de esas decisiones que demuestran que, cuando existe voluntad política, las instituciones pueden y deben ponerse al servicio de los ciudadanos.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha hecho de la vivienda una de las prioridades de su mandato y esta iniciativa es una buena muestra de ello. No se trata únicamente de anunciar compromisos, sino de poner recursos públicos y patrimonio institucional sobre la mesa para contribuir a resolver uno de los principales problemas que afrontan hoy los mallorquines: poder acceder a una vivienda digna y a un precio razonable.

Y hay un elemento especialmente relevante: el Consell de Mallorca no tiene competencias directas en materia de vivienda. Sin embargo, Galmés y su equipo han optado por no utilizar la falta de competencias como excusa para permanecer al margen. Al contrario, han decidido actuar, colaborar con el Govern y poner a disposición del Ibavi unos terrenos valorados en 4,6 millones de euros para hacer posible una de las mayores promociones de vivienda asequible de Mallorca.

Son precisamente este tipo de políticas las que deberían marcar la acción de las administraciones públicas: menos debates estériles y más soluciones; menos anuncios y más gestión; menos confrontación y más colaboración institucional.

La operación permitirá construir más de 300 viviendas públicas sobre una superficie de 33.131 metros cuadrados en Palma. Pero sus beneficios no terminan ahí. El acuerdo contempla también que el Ibavi ceda al Consell 35 viviendas destinadas a uso social y un espacio de 400 metros cuadrados para un centro cultural de ensayo, dando respuesta a una reivindicación del sector artístico de Mallorca. Además, se reservará un solar de 3.000 metros cuadrados para la futura Casa de la Infancia del IMAS.

Es decir, estamos ante una actuación que multiplica el valor de un patrimonio público y lo transforma en vivienda, servicios sociales, cultura y atención a la infancia. Una operación con una clara vocación de servicio público.

La política de vivienda necesita precisamente eso: poner suelo a disposición, acelerar proyectos, facilitar la construcción de vivienda protegida y coordinar a las distintas administraciones. El ciudadano no entiende de fronteras competenciales. Cuando una familia no puede acceder a una vivienda, le importa poco qué administración tiene la competencia; lo que espera es que sus gobernantes encuentren soluciones.

Por eso es especialmente positivo que el Consell haya decidido asumir su responsabilidad política y aportar aquello que está en su mano. Galmés ha entendido que gobernar también significa actuar allí donde se puede ayudar, aunque la competencia formal corresponda a otra administración.

Después de años en los que la falta de vivienda asequible se ha convertido en uno de los grandes problemas estructurales de Mallorca, cualquier avance en esta dirección merece ser reconocido. Y más aún cuando hablamos de una actuación concreta, con suelo, financiación, colaboración institucional y un objetivo perfectamente definido: poner más vivienda pública a disposición de los ciudadanos.

Mallorca necesita cambiar de rumbo en materia de vivienda. Necesita políticas que aumenten la oferta, que aprovechen el patrimonio público y que permitan que los jóvenes, las familias y las personas con menos recursos no tengan que abandonar sus municipios o dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un alquiler.

La cesión de los terrenos junto a Sant Ferran no resolverá por sí sola el problema de la vivienda, porque ningún proyecto aislado puede hacerlo. Pero sí representa un paso en la dirección correcta y, sobre todo, una demostración de que las administraciones pueden convertir el patrimonio público en oportunidades para los ciudadanos.

Llorenç Galmés y el Consell de Mallorca han cumplido así un compromiso anunciado en el Debate de Política General y han pasado de las palabras a los hechos. Ahora corresponde al Ibavi desarrollar el proyecto y avanzar con la urbanización y la construcción de las viviendas.

Porque ante el problema de la vivienda, Mallorca necesita exactamente eso: menos excusas y más suelo; menos promesas y más viviendas; menos enfrentamientos y más colaboración.

Y esta iniciativa demuestra que, cuando las instituciones trabajan juntas y existe voluntad de hacer política útil, el patrimonio público puede convertirse en una herramienta decisiva para mejorar la vida de los mallorquines.