Libertad con medidas cautelares para el alcalde socialista de Sant Josep y los otros cuatro detenidos

La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, ha dejado en libertad provisional al alcalde socialista en funciones de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, y a los otros cuatro detenidos en la presunta trama de corrupción urbanística en este municipio ibicenco.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), este jueves habían pasado a disposición judicial todos los arrestados, que están siendo investigados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho.

Hay que recordar que la Guardia Civil registró el pasado martes el Ayuntamiento de Sant Josep, así como otros puntos de la isla en un operativo que estaba bajo secreto judicial. Además del alcalde en funciones, fueron detenidos tres abogados: la letrada municipal de Urbanismo, Carla García; y los letrados externos Lourdes Marí Garrido y Manuel Alcaide, cuyos despachos fueron registrados.

También fue arrestado el arquitecto técnico Miguel López, que tiene oficina en la localidad alicantina de Sant Vicent del Raspeig y que era el responsable de la oficina técnica de Vadella 64, una polémica urbanización de Cala Vadella donde locales comerciales se habían reconvertido en viviendas de lujo.

El abogado de Ángel Luis Guerrero, Josep Maria Costa, ha explicado que su defendido se ha acogido a su derecho a no declarar, teniendo como única medida cautelar presentarse el día 1 de cada mes en los juzgados.

El letrado ha destacado también que existe una investigación sobre determinados expedientes administrativos que afectan al área de Urbanismo, por lo que se está frente a un posible delito contra la ordenación del territorio o, incluso, prevaricación por parte de alguno de los investigados, recoge Europa Press.

Asimismo, Costa ha manifestado que su cliente y el resto de arrestados se han negado a declarar «ejerciendo un derecho constitucional como es el derecho a la defensa y no hay defensa con un secreto de sumario», siendo una práctica habitual.

Según han informado otros letrados, una de las abogadas detenidas, Carla García, tiene la prohibición de salir de España. Tanto ella como otra de las detenidas «están muy tranquilas con su actuación».

Por su parte, Ricard Mesquida, abogado del constructor investigado, ha explicado que, al levantarse el secreto de sumario, van a estudiar exactamente de qué se trata el caso. «Mi cliente lo que hacía era actuar como constructor y las licencias se las encargaba a los arquitectos y al despacho jurídico de abogados». «Antes de declarar, hay que conocer exactamente de qué se les acusa», ha señalado.

«Mi cliente construía, tenía muchos clientes y hay muchos proyectos y licencias. Todas siempre se han otorgado y puedo asegurar que no ha hecho ningún pago», ha añadido.