La izquierda exige al alcalde de Palma que deje a sus anchas a los 200 okupas de la antigua prisión

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 25/02/2026 14:10
  • Actualizado: 25/02/2026 14:10

La izquierda exige al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, que deje a sus anchas a los 200 okupas de la antigua prisión y paralice su desalojo.

Los tres partidos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital balear, que gobernando la pasada legislatura permitieron la okupación de este recinto de propiedad municipal y no dieron paso alguno para desalojarlos pese a la alta conflictividad existente en este espacio, mantienen su rechazo al desahucio de estas personas que allí subsisten en condiciones indignas.

Según el portavoz municipal socialista, Xisco Durcrós, el alcalde, «se ha convertido en el promotor de los desahucios colectivos de Palma».

Los separatistas de Més, por su parte, han acusado al equipo de gobierno municipal de «querer dejar 200 personas en la calle y mirar hacia otro lado» con el desalojo de la antigua prisión de la ciudad.

«Es una dejadez de funciones intolerable», ha criticado su portavoz Neus Truyol, para quien el PP «ha decidido huir de sus responsabilidades» al anunciar el desalojo de estas personas sin haber concretado «cuál será su destino y sin plan alternativo, ni acuerdo institucional ni garantías».

En este sentido, ha sostenido Truyol, «no se puede actuar de manera unilateral y después mirar hacia el Obispado, la Autoridad Portuaria o el Ejército para que asuman aquello que el PP no quiere gestionar». A su entender, anunciar un desalojo sin alternativa es condenar a personas vulnerables «a la intemperie». «Esto no es gestión, es improvisación y deshumanización»

En la misma línea, Podemos ha considerado que el anuncio se ha realizado «sin margen de reacción, sin diálogo previo y sin asumir responsabilidades públicas». Las personas que residen en el inmueble, ha asegurado su portavoz Lucía Muñoz, lo hacen «como consecuencia de la crisis de vivienda y la falta de políticas municipales eficaces».

La regidora ha tachado la decisión del equipo de gobierno de iniciar el proceso para la recuperación posesoria del edificio es «una negligencia grave». «El Ayuntamiento ha optado por anunciar el desalojo por la vía de urgencia para no dar margen ni a las personas afectadas ni al debate político. Se trata de una decisión irresponsable que empuja a la exclusión a quienes ya se encuentran en una situación extrema», ha dicho.

Es por ello que ha reclamado al alcalde Martínez que paralice lo que ha considerado que es «una política de persecución dictada por Vox» y que reproduce modelos como el llevado a cabo en Badalona con el desalojo del B9.