Exigen la clausura de un centro de menas en el Puig de Santa Magdalena que funciona sin licencia
Ya tendría tutelados en las instalaciones del Puig de Santa Magdalena ocho menas interceptados en Formentera
Vox exige el cierre la clausura urgente y definitiva del centro de acogida de menas que funciona sin licencia de actividad en la parcela conocida como ‘La Finca’, en las proximidades del Puig de Santa Magdalena, en Inca. La portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Inca, Fanny Blasco, califica la situación de «una escandalosa irresponsabilidad por parte de las administraciones».
La portavoz ha ido más allá, detallando las consecuencias de esta actuación administrativa: «No solo estamos hablando de un centro que opera en la clandestinidad legal, sino que además amenaza directamente la seguridad y la convivencia de los residentes de Inca y de las zonas colindantes. Es inadmisible que se permita esta política de hechos consumados, ignorando las ordenanzas municipales y la legítima preocupación ciudadana.»
Blasco recordó que ya en el pasado mes de marzo, su formación expresó su más enérgica oposición a la apertura de este centro proyectado por la Fundación SAMU. «El mensaje de Vox es claro y rotundo: el dinero de los inquers y de todos los baleares debe destinarse prioritariamente a proteger a nuestras familias y a nuestros jóvenes que lo necesitan. No podemos seguir financiando sin control centros irregulares que generan inseguridad y que suponen una carga insostenible para nuestros servicios sociales y de seguridad.»
Blasco ha querido destacar el respaldo social a su denuncia, señalando que la alarma es compartida: «La propia plataforma Veïnats Puig de Santa Magdalena ya ha tenido que solicitar formalmente al Consell de Mallorca que paralice las actividades en La Finca. Esto demuestra que la preocupación no es política, sino vecinal. Se nos ha informado que el centro ya cuenta con ocho usuarios, con previsión de alcanzar los quince. Y lo que es más grave, el PP desde el Consell de Mallorca, sale a decir que los menores proceden de Formentera y que ni siquiera son tutelados por la institución insular. ¡Esto es la prueba del caos y de la falta de control absoluto! Están utilizando Inca como un vertedero social, trayendo menores de otros lugares sin planificación ni respaldo legal.»
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