El ex gerente del PSOE en la EMT de Palma oculta desde 2019 bienes y renta a la Oficina Anticorrupción

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 13/09/2023 06:45
  • Actualizado: 13/09/2023 06:45

Mateo Marcús, ex gerente del PSOE en la EMT de Palma desde 2015 hasta su salida el pasado mes de julio, tras perder los socialistas las elecciones municipales del 28 de mayo, ha ocultado desde 2019 sus bienes, propiedades y rentas a la Oficina Anticorrupción de Baleares, donde no ha presentado desde el arranque de la pasada legislatura ya concluida ninguna declaración más sobre sus ingresos, ni su patrimonio.

Ni allí ni en el Ayuntamiento de Palma donde también estaba obligado a hacerlo hay constancia de documentación alguna al respecto. Marcús ha abandonado por tanto la política activa sin haber rendido cuenta ante este órgano público de fiscalización, y sin que su comportamiento haya tenido consecuencia alguna para este ex alto cargo socialista.

Un ninguneo a la denominada Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares, que no hace más que justificar la decisión del Govern del PP de Marga Prohens de eliminar este ente público autonómico adscrito al Parlament balear que, como afirmó esta semana el vicepresidente Antoni Costa, «es un organismo perfectamente prescindible porque ha actuado bajo las órdenes» del PSOE, bautizándola el número dos del Ejecutivo balear, como la «Oficina Socialista Antioposición».

Y es que este ex alto cargo socialista de la EMT lleva tres años vulnerando el artículo 25 de la Ley 16/2016 de creación de este organismo que obliga a todos los cargos públicos a formular en el registro de declaraciones y actividades una declaración patrimonial, comprensiva de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, intereses y actividades, hasta seis meses anteriores a su nombramiento.

Algo que se le comunica a todos los altos cargos públicos nada más tomar posesión, y que están obligados a hacer anualmente y cada vez que haya modificaciones en su renta o patrimonio.

Entre la información que deben transmitir los cargos públicos figura «la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y actividades», según el citado texto legal autonómico, así como cualquier alteración o modificación que se produzcan en salarios y bienes patrimoniales, durante los años en los que esté en funciones.

Como ha sucedido con otros casos de incumplimientos por parte de políticos del anterior gobierno de socialistas, independentistas de Més y Podemos, se desconoce si la Oficina Anticorrupción liderada por un ex alto cargo socialista, Cristóbal Milán, ha procedido a sancionar con los 1.000 euros anuales de rigor a Marcus por sus reiterados olvidos en la presentación de estas declaraciones.

De hecho, el ex gerente de la EMT ya ha abandonado la política activa sin rendir cuentas a nadie en materia de renta y patrimonio, poniendo en solfa al propio Milán, que esta misma semana registraba un escrito en el Parlament solicitando al presidente de la Cámara balear, Gabriel Le Senne, un encuentro para abordar el futuro del ente.

Si es por la eficacia de su labor fiscalizadora, su utilidad es más que discutible, teniendo en cuenta su coste anual de 1,5 millones de euros por una labor para la que existen otros entes públicos mucho mejor preparados y dotados.

De hecho el propio Costa cuestionó en sede parlamentaria que la Oficina no detectara en todos estos años irregularidades del grupo socialista, y recordó a este respecto, la detención en junio del alcalde socialista de Sant Josep, sin que previamente, hubiera actuado este organismo de la Cámara balear.