El ex alto cargo socialista balear fichado por Illa dejó en los cajones facturas por 200 millones

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 28/09/2024 06:55
  • Actualizado: 28/09/2024 10:25

El ex alto cargo socialista balear Josep Pomar, fichado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como gerente del Institut Català de la Salut, la empresa pública que gestiona la sanidad catalana y la más grande de Cataluña (52.000 empleados) dejó en los cajones del Govern facturas por 200 millones sin pagar durante su etapa como director general del Servicio de Salud en Baleares (IB-Salut) entre 2007 y 2011.

Pese a los tres lustros que han pasado desde que abandonara el cargo, el paso de Pomar por la sanidad balear aún se recuerda entre los profesionales sanitarios, y más aún entre no pocos proveedores públicos, a los que puso literalmente contra las cuerdas. Pomar dejó sin cubrir pagos a concesionarias y clínicas concertadas, el convenio con el Colegio de Farmacéuticos, así como gastos por dietas o el traslado de enfermos a los hospitales de referencia, entre otros.

El Govern presidido por el socialista Francesc Antich con Pomar al frente del IB-Salud, dejó de abonar a las farmacias varias mensualidades y la deuda superó los 80 millones de euros con los apotecarios.

Tanto es así que en 2012 en la siguiente legislatura, el problema se prolongó y el Govern del PP de José Ramón Bauzá y las farmacias propusieron, incluso, obligar a los usuarios a pagar el 100% de los medicamentos ante la imposibilidad de adelantar más dinero. Muchas farmacias se quedaron en el camino (algunas cerraron y otras se traspasaron) ante las deudas acumuladas con la administración autonómica.

A ello hay que sumar sus más que abundantes sombras en materia de gestión sanitaria como manifestó un informe de la Sindicatura de Cuentas que detectó que el proceso de derivación de pacientes del IB-Salud a los centros concertados no cumplían con «el principio de transparencia», dado que «siempre se contratan» con la misma clínica privada «sin que se justifiquen los motivos», a pesar de haber otros centros médicos que ofrecen el mismo servicio.  Así lo reveló el Informe 68/2012 sobre el gasto de asistencia sanitaria que analizó los procedimientos contractuales en vigor en 2009.

Los sindicatos de la sanidad balear, por su parte, también tienen presente el paso de Pomar por el IB-Salut.

Para el recuerdo queda cuando en abril 2011, dos meses antes de abandonar el cargo, un total de 31 cargos de enfermería y Atención Primaria del área de Salud de Ibiza presentaron su dimisión en bloque como protesta por la regulación que impuso en la estructura del Área de Salud, eliminando las direcciones de Enfermería y Atención Primaria.

Todo ello tras una reunión entre Pomar y el personal del Hospital de Can Misses en Ibiza, donde los gritos se oían desde fuera de la sala de actos.

O cuando recién aterrizado de director general, en marzo de 2008, ni corto ni perezoso procedió al cierre de los quirófanos del Hospital General de Palma donde se realizaban 4.000 intervenciones quirúrgicas anuales, sin tan siquiera citar a los representantes legales de los trabajadores, salvo al sindicato socialista UGT.

Unos quirófanos que habían sido renovados hacía apenas siete años, y que estaban totalmente equipados con una UCI de ocho camas y un área de despertar de diez. Pomar lo desmanteló todo para que todo el recinto hospitalario fuese reconvertido en un hospital sociosanitario para enfermos crónicos y en fase terminal pese a la advertencia del personal sanitario que esta medida provocaría un aumento de las listas de espera quirúrgicas.

Dicho y hecho: tan sólo dos años después de ponerse al frente de la sanidad pública balear entre 2007 y 2009, la lista de espera quirúrgica se disparó nada menos que un 17%: de 10.529 a 12.326 pacientes. La deficiente gestión de Pomar generó la imposibilidad de atender las necesidades más prioritarias de la sanidad pública balear y el IB-Salut no tuvo más remedio que aumentar en un 36% el presupuesto para contratar con las clínicas privadas. En 2009, estos contratos suponían un gasto de 38 millones de euros que Pomar incrementó hasta los 52 millones en sólo un año.