La ex alcaldesa independentista de Petra irá a juicio en septiembre de 2025

La ex alcaldesa independentista de Petra, Caterina Mas, irá a juicio en septiembre de 2025 por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por un supuesto trato de favor a su marido cuando ella estaba al frente del Ayuntamiento.

La Audiencia Provincial de Baleares ha programado el juicio para dentro de más de un año tras acoger una vista este martes, durante la que ha quedado patente la imposibilidad de un acuerdo procesal -que implicaría un reconocimiento de culpa-. Caterina Mas ha comparecido en la Audiencia acompañada de su abogada, Laura Vallés.

La Fiscalía no acusa a la ex alcaldesa de Més per Mallorca, pero sí el Ayuntamiento, que pide cuatro años y medio de prisión, 31 de inhabilitación, multa de 103.000 euros y 50.000 euros de indemnización.

La denuncia la presentó el sucesor de Mas al frente del consistorio, Martí Sansaloni, del PP, y el Ayuntamiento ahora presidido por Salvador Femenías (PI) ha seguido adelante con la acusación. El escrito responsabiliza a la ecosoberanista de haber dejado caducar intencionadamente una sanción de 58.000 euros a su marido por una infracción urbanística, cuando fue alcaldesa entre 2010 y 2015.

Caterina Mas está acusada de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Siendo alcaldesa de Petra, dejó prescribir una multa de 59.000 euros por la construcción ilegal de una ferretería por parte de una empresa participada por su marido.

Los hechos se remontan a 2005 cuando el PP solicitó al entonces alcalde Joan Font, también de Més (antes PSM), la paralización inmediata de las obras de construcción de una nave industrial por parte de la empresa Armería Ferretería Bonany, en la Avenida Jaume II. Las obras no tenían licencia. Uno de los socios de la ferretería era el marido de la entonces teniente de alcalde Caterina Mas.

El edificio se alza sobre una parcela que la empresa del marido de Mas compró en 2003, tan solo un mes y medio antes de que el Ayuntamiento decidiera recalificarla de suelo rústico a urbanos. Primero se construyó una nave industrial de 255 metros cuadrados incumpliendo la normativa urbanística. A pesar de todo ello, el Ayuntamiento dio el visto bueno al proyecto y firmó el certificado de final de obra. Ante tantas facilidades e impunidad, la ferretería decidió construir una segunda nave, ahora sin licencia.

En aquel momento, ante la pasividad del Ayuntamiento que presidía Joan Font, toda la oposición se unió para denunciar los desmanes del alcalde y de la teniente de alcalde. Tras las presentación de denuncias por parte de la oposición (PP, PSOE y UM,) el Ayuntamiento no tuvo más remedio que paralizar las obras. Más tarde las obras se reiniciaron sin que el alcalde pusiera pegas. De hecho, el propio alcalde asistió a la fiesta de inauguración de la nave.

Finalmente se abrió el expediente de infracción urbanística y se impuso una multa de 119.000 euros a la ferretería. La sanción se redujo luego a 59.000. A partir de 60.000 euros el Consell tiene la competencia para intervenir directamente. Caterina Mas ya era entonces alcaldesa y ella misma decidió el calendario del pago de la multa. La realidad es que los pagos nunca se realizaron a excepción de una mínima parte y, además, el expediente quedó paralizado en un cajón de su propio despacho.

Los funcionarios no pudieron acceder nunca al mismo, según consta en la querella presentada por el Ayuntamiento. Con el cambio de gobierno, el nuevo alcalde, Martí Sansaloni, del PP, intentó cobrar la multa pero la misma ya habías prescrito.

Toda la historia está rodeada de un cúmulo de irregularidades. Entre otras, señalar que el alcalde de Més aprobó en solitario, con los informes técnicos en contra y utilizando alegaciones que ni siquiera habían pasado por el registro oficial, las nuevas Normas Subsidiarias de Petra que legalizaron la nave ilegal construida por Ferretería Bonany.

Fue alcaldesa entre 2010 y 2015

Los concejales del PP no participar en la votación y optaron por ausentarse del Pleno municipal acusando al alcalde nacionalista Joan Font Massot de haber convertido en una «farsa» la tramitación del expediente. Las nuevas Normas Subsidiarias convertían en suelo industrial el solar rústico sobre el que Ferretería Bonany construyó su nave comercial, legalizando así su situación. Todo ello, a pesar de que el informe del secretario municipal recomendaba anular este punto e iniciar desde cero su tramitación.

Al menos esta vez, Catalina Mas accedió a ausentarse del pleno durante la votación para no incurrir en incompatibilidad, como parte interesada. No ocurrió así en el Pleno del 11 de abril de 2002, cuando votó a favor de aprobar inicialmente las nuevas Normas Subsidiarias que convirtieron en suelo industrial la parcela que la empresa de su marido había comprado tan sólo un mes antes. Caterina Mas fue alcaldesa entre 2010 y 2015.

A pesar de la imputación, Mas se presentó en 2018 a las primarias de Més al Consell y resultó ser la candidata más votada. Por ello, ocupó el tercer puesto de la candidatura para las elecciones al Consell de 2019 después de Bel Busquets y Guillem Balboa. Fue elegida y nombrada vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS.

Todo indica que en la vista previa que se celebra en la Audiencia este martes, las partes intentarán llegar a un acuerdo de conformidad.