Detenido un policía local de Palma por alquilar locales y trasteros como infraviviendas a inmigrantes

La Policía Nacional ha detenido a un agente de la Policía Local de Palma por gestionar locales y trasteros como infraviviendas para inmigrantes de manera fraudulenta, quienes pagaban por cada habitáculo entre 300 y 750 euros. Se le acusa de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral y estafa.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, el pasado martes agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de la capital balear, arrestaron a este funcionario, después de recibir una denuncia de la Conselleria de Vivienda.

El agente gestionaba 73 habitaciones-viviendas en las zonas de Gomila, proximidades de la calle Manuel Azaña, Foners, Lluís Sitjar y Sa Indioteria. Cuando acababa su jornada laboral como policía, el detenido se encargaba de gestionar plantas bajas, sótanos, trasteros que no tenían luz ni ventilación y locales comerciales como microviviendas en las que residían inmigrantes en condiciones insalubres.

La investigación policial permitió averiguar que se trataba de espacios de 8 a 15 metros cuadrados en los que había un inodoro, una ducha, hornillo y frigorífico. Además, la Policía Nacional explica que en algunos trasteros se encontraron bombonas de gas con el riesgo que supone para el morador en caso de escape.

Por otro lado, el agente tenía instalado un dispositivo para el control del consumo de electricidad de las infraviviendas, manipulando las facturas de la luz para que los inquilinos pagaran más luz de la que consumían.

La Policía Nacional asegura que la mayoría de estos habitáculos no cumplen con las condiciones de habitabilidad y de higiene al no tener luz ni ventilación.

Finalmente, cabe añadir que una de las víctimas empadronó de forma fraudulenta a otras 12 personas en situación irregular en España, siendo también detenido por estos hechos.

Unos 50 afectados a los que les cobraba un precio medio de 500 euros

El inspector jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Chema Manso, ha explicado que el agente, de más de 50 años, llevaba «más de dos años seguro» cometiendo estos actos ilícitos y que en la actualidad habría entre 50 y 60 afectados, la mayoría inmigrantes latinoamericanos.

«No era fácil entrevistarlos porque la mayoría están en situación irregular y no querían colaborar. Al final, más o menos, hemos ido convenciendo a unos cuantos para que declaren y colaboren, y eso es lo que hemos hecho, tomar declaración a muchas personas, incluida alguna asociación de migrantes, que han prestado declaración y han facilitado la investigación», ha afirmado Manso.

Asimismo, ha detallado que el agente tenía contacto con inmigrantes y otras personas con muy pocos recursos, a quienes arrendaba las habitaciones a un precio medio de 400 o 500 euros. Y si bien «no les facilitaba el empadronamiento directamente, les decía que si estaban un año viviendo ahí, se podían empadronar», ha añadido.

La mayoría de las infraviviendas estaban en la calle Joan Miró

El inspector jefe también ha señalado que el detenido era el único administrador de estas infraviviendas, la mayoría concentradas en la calle Joan Miró, donde se han detectado alrededor de 32.

Preguntado acera de si el policía arrestado se aprovechó de su condición, el Manso ha asegurado que todas las víctimas conocían su profesión, que ejercía desde hacía «bastante». «Lo que es cierto es que todas las personas que han declarado sabían que era policía. Para un extranjero que está irregular, si es policía, no hace falta decir mucho más», ha apuntado.

El agente fue puesto en libertad por parte de Policía Nacional y está imputado por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y estafa, recoge la agencia Europa Press.