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CALLE JOAN MIRÓ

Desahucian a una madre y su hijo de 8 años de un sótano de las infraviviendas de Palma

La inquilina afectada sufrió un ataque de ansiedad y precisó ser atendida por una ambulancia

Una mujer y su hijo de tan sólo ocho años fueron desalojados este jueves a primera hora de la mañana de una infravivienda ubicada en los sótanos de la calle Joan Miró de Palma. El desalojo se produjo por orden judicial y contó con un amplio despliegue de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, que ejecutó el procedimiento con medidas de seguridad.

A las seis de la mañana, agentes de la UPR cercaron la zona para llevar a cabo el lanzamiento. En el lugar ya se encontraban varios activistas de la plataforma Stop Desahucios, que intentaron sin éxito frenar la ejecución. Según explicó su portavoz, Joan Segura, la falta de aviso previo sobre la fecha impidió movilizar a suficientes voluntarios para paralizar la orden judicial.

Cerca de las nueve de la mañana se vivieron momentos de tensión cuando la mujer afectada, acompañada por su hijo menor, sufrió un ataque de ansiedad. Una ambulancia del SAMU 061 se desplazó hasta el lugar para atenderla in situ. Tras completarse el desalojo, madre e hijo fueron trasladados por la Policía al departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma, desde donde se inició la gestión de una solución habitacional temporal.

La vivienda de la que fueron desalojados formaba parte de un grupo de infraviviendas situadas en el sótano de un gran edificio en la calle Joan Miró. Dichos alojamientos, con condiciones extremas de insalubridad, son gestionados por un agente de la Policía Local de Palma actualmente expedientado, sancionado y suspendido de empleo y sueldo. Según diversas investigaciones, el policía controlaría al menos una veintena de estas “viviendas” en el edificio, alquiladas por una media de 500 euros mensuales.

Viviendas insalubres

En diciembre de 2023, la Policía Nacional ya había detenido a este mismo agente por su implicación en el alquiler fraudulento de locales y trasteros como viviendas a inmigrantes en situación vulnerable. Se le imputan delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, estafa y contra la integridad moral.

Según la Jefatura Superior de Policía en Baleares, el agente gestionaba hasta 73 microviviendas en zonas como Gomila, Manuel Azaña, Foners, Lluís Sitjar y Sa Indioteria. Muchas de estas «viviendas» se encontraban en sótanos, plantas bajas o trasteros sin ventilación ni luz natural, acondicionados con un inodoro, una ducha, un hornillo y un frigorífico, y con dimensiones que oscilaban entre los 8 y los 15 metros cuadrados.

La Policía también descubrió bombonas de gas almacenadas en algunos habitáculos, lo que representaba un serio riesgo para los ocupantes. Además, el agente habría manipulado el consumo eléctrico mediante dispositivos para cobrar facturas de luz infladas a los inquilinos.

Uno de los casos investigados reveló que una de las víctimas empadronó de forma fraudulenta a doce personas en situación irregular, lo que derivó en nuevas detenciones vinculadas a la trama.