Daniel Arenas: «Los más afectados por el decreto de vivienda son precisamente las personas de un poder adquisitivo inferior»
Óscar Fidalgo: "El problema no se soluciona ni regulando la oferta, ni subvencionando la escasez, sino creando y construyendo vivienda protegida"
Alejandra Marqués: "Tenemos cuellos de botella para sacar suelo finalista y en la agilidad de las licencias"
Luis Ramis: "En los últimos tres años el aumento de población ha sido de 60.000 personas y solo se han construido 9.000 viviendas"
Otra de las mesas redondas que ha acogido el Palacio de Congresos de Palma con motivo del V aniversario de OKBALEARES ha tenido la vivienda como gran protagonista. Bajo el título Vivienda en Baleares: precios, acceso y conflicto social, han participado Daniel Arenas, presidente de ABINI; Luis Ramis, gerente de Rustic House; Óscar Fidalgo, concejal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Palma; y Alejandra Marqués, vicepresidenta de PROINBA.
Estos representantes del sector inmobiliario han alertado de la crítica situación que atraviesa el mercado de la vivienda en las Islas, marcado por un profundo desequilibrio entre una demanda en constante crecimiento y una oferta bajo mínimos.
El concejal de Urbanismo de Palma, Óscar Fidalgo, ha aportado datos sobre la presión demográfica en la capital: «En el año 2000 éramos aproximadamente 333.000 habitantes y en 2025 somos prácticamente 485.000 según el padrón municipal, más de 151.000 personas más en 25 años».
Fidalgo ha contrapuesto esta cifra con el ritmo de edificación, señalando que en el periodo 2010-2015 apenas «se construyeron un total de 10.700 viviendas en Palma, lo que nos da un poco más de 700 viviendas al año». El edil subrayó que el problema «no se soluciona ni regulando la oferta, ni subvencionando la escasez, sino creando y construyendo vivienda protegida».
Por su parte, Alejandra Marqués ha coincidido en señalar que las Islas arrastran «un déficit de 25 años». Explicó que las cifras oficiales muestran un incremento del 48% de la población cuando las previsiones iniciales eran mucho menores. Además, apuntó a los trámites administrativos como barrera principal: «Tenemos cuellos de botella para sacar suelo finalista y en la agilidad de las licencias, lo que crea la tormenta perfecta».
Desde el ámbito profesional, Daniel Arenas ha advertido de que la subida exponencial de precios responde a este desajuste, agravado por los costes de edificación: «Hay un desequilibrio muy importante entre oferta y demanda, sumado a que los costes en la obra nueva y en las reformas se han disparado, sobre todo desde la pandemia».
Asimismo, Luis Ramis ha argumentado que el tirón de la demanda responde al dinamismo económico de la región y a la necesidad de mano de obra externa: «Baleares es una economía creciente con alta calidad de vida, viene gente a vivir porque hay trabajo y se necesita mano de obra que no se cubre con la de aquí, a lo que se suman los nómadas digitales tras el COVID».
Ramis ha ejemplificado la falta de vivienda señalando que «en los últimos tres años el aumento de población ha sido de 60.000 personas y solo se han construido cerca de 9.000 viviendas».
Incertidumbre jurídica para los arrendadores
Los ponentes han criticado de forma unánime los efectos de las recientes medidas reguladoras del alquiler. Luis Ramis ha denunciado que la normativa causa una «inseguridad absoluta» entre los propietarios particulares: «La mayoría en Baleares son gente de cierta edad con ahorros que compra un piso para tener una segunda renta al jubilarse. Si te cargas al particular, que es la inmensa mayoría, ¿quién va a adquirir esa propiedad para alquilarla?».
En esa misma línea, Daniel Arenas ha advertido de que estas intervenciones acaban perjudicando a los perfiles más vulnerables: «Los más afectados por el decreto son precisamente las personas de un poder adquisitivo inferior, que son a las que en teoría se quiere proteger».
Finalmente, Óscar Fidalgo ha hecho referencia a los precedentes de estas regulaciones en otras regiones, afirmando que «en Cataluña la oferta de viviendas en alquiler se redujo en torno a un 60%, aumentando de manera desorbitada la competencia y el precio de acceso».
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