Corrupción en Baleares: Vox vuelve a pedir la comparecencia del vicepresidente y ex juez de Podemos

Vox ha registrado por segunda vez la solicitud de comparecencia urgente del vicepresidente del Gobierno responsable de Energía e Industria, Juan
Pedro Yllanes (Unidas Podemos), tras conocerse la incoación de diligencias de investigación en un caso de presunta corrupción política, tal como ha desvelado OKDIARIO. Las diligencias se abren concretamente contra el número 2 de Yllanes, el director general de Industria, Antonio Morro.

El diputado portavoz de Vox, Jorge Campos, se ha manifestado así: «¿Qué más tiene que pasar? La izquierda votó en contra de la comparecencia porque decían que no había caso, que no había nada, y ahora ya hay diligencias judiciales abiertas». Para Campos Yllanes debe dar explicaciones pues «si desde Vox respetamos la presunción de inocencia, también exigimos que se aclare esta presunta trama de corrupción».

El Juzgado de Instrucción número 10 de Palma investiga un supuesto delito de falsificación de documentación pública. Se investiga una presunta trama de falsificación de documentos y subvenciones irregulares a determinadas empresas del Puerto de Palma.

A principios de marzo, cuando se publicaron los documentos supuestamente falsificados, Vox ya pidió la comparecencia de Yllanes y también la del conseller de trabajo y Turismo, Iago Negueruela (PSOE).

La petición fue tumbada por el tripartito de PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca junto con la abstención del PI y Ciudadanos tras la junta de portavoces del pasado 3 de marzo.

Como ya ha informado OKDIARIO, la Conselleria de Energía e Industria que preside Yllanes falsificó un documento público con la finalidad de evitar fuertes sanciones al clúster de empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en Baleares y que integran PSOE, Unidas Podemos y la formación independentista Més.

Las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción  número 10 de Palma son por la falsificación de un  documento y la posterior destrucción del documento falsificado. La falsificación de este documento evitó fuertes sanciones a las empresas del sector náutico afines al Govern por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.