El Consell de Mallorca dejará sin plaza a un limpiador si en dos años no se saca el título de catalán
El afectado está destinado a los refugios insulares de montaña de Sóller y Escorca
El gobierno de PP y Vox mantiene el catalán como requisito para ser empleado público
El Consell de Mallorca gobernado por PP y Vox dejará sin plaza a un peón de la limpieza si en dos años no se saca el título de catalán B1 que era requisito indispensable para lograr un puesto fijo de esta categoría en la Administración insular.
El afectado es uno de los cinco trabajadores de la limpieza que optaban en el proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso excepcional para el ingreso como personal laboral fijo de la categoría especialidad personal de limpieza.
En concreto, su destino es el servicio de Medio Ambiente y, más concretamente, la limpieza de los refugios públicos insulares distribuidos a lo largo de toda Mallorca. En este caso en concreto, son los situados en las localidades de la Serra de Tramuntana de Sóller y Escorca.
A los aspirantes interinos a estas plazas se les requería el carnet de conducir y el certificado de catalán B1 de comprensión media oral y escrito. Curiosamente el mismo nivel que el Govern de Marga Prohens exige a los aspirantes a ocupar una plaza de jardinero público convocada por la Fundación Balear de Innovación y Tecnología (Fundación Bit).
Una titulación un peldaño superior al mínimo nivel de dominio de catalán (A2) que el afectado no ha podido acreditar. Por ello el Consell de Mallorca ha adjudicado las otras cuatro plazas de forma «definitiva» en las que los elegidos sí que disponían de esta titulación. Al que no poseía el título de catalán, se la ha concedido de manera «provisional”.
Como se recoge en el acuerdo insular de adjudicación esta persona estará obligada «en el término de dos años, contados a partir de su contratación como personal laboral fijo, a acreditar el nivel de conocimiento de la lengua catalana exigido para el ingreso a esta categoría».
La decisión del gobierno insular contraviene el acuerdo de gobierno de PP y Vox, que le dio la presidencia del Consell al popular Llorenç Galmés, que recogía en el punto 111 el compromiso de ambos partidos a proceder a la modificación de las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales.
Por ello ambas formaciones se comprometían a realizar «el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública».
Sin embargo, en la práctica, nada se ha hecho un año y medio después del cambio de gobierno.
De hecho, para las bases de esta convocatoria, el Gobierno insular ha tomado como referente lo acordado por el anterior Ejecutivo balear de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos liderado por Francina Armengol, que impuso el requisito del catalán en el acceso a cualquier plaza de empleado público en toda Baleares.
Se mantiene, por tanto, el catalán como requisito de conformidad con lo que dispone el artículo 3 b) del Decreto 11/2017, de 24 de marzo, que exige a todos los aspirantes a una plaza de empleado público insular a estar en posesión del conocimiento de la lengua catalana exigido en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública, y para ocupar puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
A este respecto cabe recordar que el Tribunal Constitucional validó la exigencia del catalán como requisito en las convocatorias de acceso al empleo público en comunidades con cooficialidad lingüística, exclusivamente cuando se trate de funciones a desempeñar que tengan «una incidencia directa» en la atención al ciudadano, y, por ello, sea necesario el conocimiento de ambas lenguas.
Es el caso de los empleados públicos destinados a funciones de atención presencial y directa (ventanilla), pero no en el resto de plazas, como es el caso de esta convocatoria de peones de limpieza.
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