Las concesiones de los puertos deportivos de Baleares se podrán extender hasta los 50 años

La mayoría de los diputados de PP y Vox han dado luz verde a su proposición para cambiar la ley de puertos de Baleares, que posibilitará que las concesiones a las entidades se extiendan desde los 35 años actuales hasta los 50, entre otras cuestiones. El pleno del Parlament ha aprobado este martes esta modificación legislativa con el apoyo de PP y Vox en la mayoría de sus puntos, aunque el PSIB también ha respaldado parte del articulado.

Por su parte, las enmiendas planteadas por la oposición al texto normativo han quedado rechazadas por los votos contrarios de los grupos parlamentarios promotores de la modificación.

El diputado del PP Sebastià Mesquida ha defendido la necesidad de «actualizar» el marco legislativo para adaptarlo a los existentes en otras comunidades autónomas y las nuevas disposiciones estatales.

Así, ha apuntado que Baleares es «pionera» en la promoción de la actividad náutica y ha remarcado que la ampliación de las concesiones se regulará por un régimen específico para ello.

El primero en arrancar el debate ha sido el diputado del PSIB Marc Pons, que ha argumentado su rechazo a ampliar las concesiones otros 15 años, para «no hipotecar» a los gobernantes del futuro en Baleares.

La participante en el debate por parte Vox ha sido la diputada María José Verdú, quien ha subrayado el cambio de la ley «no responde a una visión ideológica», sino a que esta se redactó hace 20 años, por lo que se busca «reforzar la seguridad jurídica» de un sector «fundamental» de Baleares.

La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha remarcado que la nueva ley «no protege» a la náutica social y establece «menos control público y garantías ambientales» sobre las dársenas.

En la misma línea, el diputado de Més per Menorca Josep Castells ha sostenido que la ley «deja atrás» a los clubes náuticos, puesto que no se establece diferenciación entre estas asociaciones y las entidades privadas.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha advertido que el nuevo articulado «elimina el rastro» de la Administración en estos espacios, mientras «toda la gestión se privatiza» y se añaden usos en los puertos como la restauración».