Baleares veta por unanimidad la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años
Son las que tienen un contenido de cafeína igual o superior a 15 miligramos por cada 100 mililitros
Según un estudio la mitad de estudiantes de 14 a 18 años las consume cada mes con o sin alcohol

Baleares veta por unanimidad la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años y contempla multas de entre 6.000 y 60.000 euros. El decreto ley de medidas urgentes en materia de protección de la salud pública, aprobado el pasado 7 de agosto por el Consell de Govern presidido por la presidenta Marga Prohens, ha sido convalidado por unanimidad por el pleno del Parlament en la primera sesión del último curso político de la legislatura.
La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido la norma en la Cámara, subrayando que tiene «una única y clara finalidad», la de proteger la salud de los niños y adolescentes.
«Nace de una realidad que no podemos ignorar», ha indicado, en referencia al incremento «preocupante» del consumo de determinados productos y sustancias entre menores de edad, especialmente el consumo de bebidas energéticas y el uso recreativo del óxido nitroso, conocido como el ‘gas de la risa’
Se consideran bebidas energéticas aquellas bebidas no alcohólicas con un contenido elevado de cafeína, igual o superior a 15 miligramos por cada 100 mililitros, de acuerdo con el criterio establecido en el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, y que incorporan habitualmente azúcares y otros componentes estimulantes como la taurina, la guaraná o la glucurolactona.
El Govern reconoce que la entrada en vigor de esta medida supone un importante esfuerzo de adaptación para supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores.
La aplicación de la nueva normativa requerirá la adaptación de procedimientos de venta y control de edad por parte de los establecimientos para garantizar su cumplimiento.
Desde el Ejecutivo han resaltado la preocupación creciente por el consumo de bebidas energéticas entre la población joven.
Según la encuesta Estudes 2023, el 47,7 % de los estudiantes de entre 14 y 18 años había consumido bebidas energéticas durante el último mes y el 19,5 % reconocía haberlas mezclado con alcohol en ese mismo periodo.
El consumo de estas bebidas es cada vez más frecuente entre los menores de edad, tanto solas como combinadas con alcohol. Su consumo se asocia a riesgos para la salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 o el aumento del riesgo cardiovascular.
Además, cuando se mezclan con alcohol, pueden reducir la percepción de embriaguez, favorecer un mayor consumo y aumentar las conductas de riesgo.
La diputada socialista Patricia Gómez ha coincidido con la consellera en que proteger a los menores debe ser un objetivo prioritario. Sin embargo, ha considerado que el decreto es «una propuesta parcial» que «nace pequeña ante la magnitud» del problema.
Así, la socialista ha subrayado la necesidad de contar con una ley de adicciones consensuada con entidades y sectores empresariales que protejan a toda la población. Además, a su entender, el decreto ley «no está consensuado» y que su redacción «genera muchas dudas».
Por este motivo, ha pedido la tramitación del decreto como proyecto de ley, aunque los votos en contra de PP y Vox han rechazado esta posibilidad.
Los separatistas de Més per Mallorca también han resaltado la importancia de actuar frente a las adicciones de los jóvenes. Igualmente, la diputada Marta Carrió ha lamentado que el decreto por sí mismo «no da una respuesta suficiente» al problema.
«No cuestionamos que hoy se tenga que actuar, pero sí que se tenga que actuar a través de modificaciones puntuales de una ley que necesita una revisión integral», ha explicado.
Por parte del PP, la parlamentaria Isabel Maria Borrás ha subrayado que el riesgo «existe hoy» y que, por ello, «no tiene ningún sentido» aprobar el decreto más adelante.
Por último, la diputada de Vox Patricia de las Heras ha considerado que el consumo de bebidas energéticas y el uso recreativo del óxido nitroso era «un vacío legal que merecía una respuesta contundente». «Nuestra obligación es la protección de los jóvenes y la prevención de conductas adictivas», ha añadido.
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