Baleares regulará la actividad inmobiliaria para «evitar la oferta ilegal y el intrusismo»

El Govern balear ha presentado el decreto de regulación de la actividad inmobiliaria con el objetivo de «evitar el intrusismo, la oferta ilegal y la competencia desleal».

En una nota de prensa que recoge Europa Press, la Conselleria de Movilidad y Vivienda ha explicado que se ha concluido este miércoles la redacción del decreto que regulará los requisitos para ejercer la actividad de agente inmobiliario y creará el Registro de Agentes Inmobiliarios de Baleares.

En este sentido, el conseller socialista Josep Marí ha destacado que esta nueva normativa, que responde a las disposiciones de la Ley 5/2018, «mejora la transparencia en el sector, garantiza la protección de los consumidores mediante la prestación de servicios inmobiliarios de calidad y fomenta las buenas prácticas».

A su vez, el conseller ha avanzado que espera que la nueva normativa, que ha iniciado su fase de información pública y alegaciones, esté lista para ser aprobada a principios de 2023.

Seguro de responsabilidad civil

El decreto regula la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil por parte de los agentes de la propiedad inmobiliaria para «cubrir los daños y perjuicios que pudieran causar en el ejercicio de su actividad». El capital mínimo por asegurar será de 100.000 euros por siniestro y 600.000 euros por año.

Entre otras cuestiones, los agentes deberán que presentar obligatoriamente una declaración responsable de inicio de actividad en la que manifestarán que «cumplen con los requisitos, que disponen de la documentación que lo acredita y que se comprometen a su cumplimiento durante el ejercicio de la actividad».

Por su parte, Marí ha puntualizado que la declaración responsable no será una autorización de actividad, «sino un requisito indispensable para ejercerla».

«En caso de no presentarse dicha declaración o habiéndose presentado sin cumplir las exigencias legales, implicará expedientes sancionadores por considerarse oferta ilegal y competencia desleal», ha avisado el conseller.

Registro de Agentes Inmobiliarios

Por otro lado, el decreto contempla la creación y la regulación del Registro de Agentes Inmobiliarios, que tendrá carácter voluntario y que dotará de «garantías al consumidor sobre la cualificación profesional del agente».

«Es registro muy demandado por el sector, que garantiza la capacitación de los profesionales y que podrán solicitar los consumidores», ha enfatizado Marí.

De acuerdo con este Registro, los agentes inscritos dispondrán de un distintivo acreditativo que «informará al consumidor de las garantías que ofrecen respecto al cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos para ejercer su actividad».

Sobre la inscripción, Marí ha detallado que los agentes deberán tener titulación universitaria en ciencias sociales y jurídicas, ingeniería o arquitectura; una formación no universitaria de, al menos, 200 horas lectivas relacionadas con servicios de mediación, asesoramiento y gestión, o tener experiencia demostrable en la prestación de servicios inmobiliarios de un mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

A su vez, el decreto contempla la obligación de suscribir una nota de encargo de la agencia con el cliente para ofrecer y dar publicidad a su inmueble, así como recibir o disponer de las cantidades entregadas por los demandantes y para formalizar los contratos.

Así lo ha presentado Marí tras reunirse con la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), Natàlia Bueno; el presidente de la Asociación Inmobiliaria Nacional e Internacional (Abini), Hans Lenz; el presidente del Colegio de Administradores de Baleares, Antoni Jaume (Cafbal); y la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de Ibiza (Pimeef), Mila González.

A propósito, Bueno se ha felicitado del acuerdo alcanzado porque «dotará de garantías al consumidor» y lo ha calificado de «la mejor noticia desde el año 2000».

Por último, Lenz ha incidido en la importancia de la nueva normativa para garantizar «el derecho básico de tener una vivienda» porque el sector inmobiliario «mueve más del 20 por ciento de la economía balear».