La Audiencia rechaza el recurso de Carlos Delgado y confirma la apertura del juicio del caso Calanova

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la apertura del juicio por el caso Calanova, al rechazar el recurso del exconseller de Turismo y Deportes del Govern Bauzá, Carlos Delgado, y del resto de defensas de los investigados en este caso de presunta corrupción.

Según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso, la Audiencia ha desestimado la apelación de las defensas al entender que los indicios reunidos por la investigación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma son suficientemente sólidos y que procede la celebración del juicio.

La Fiscalía pide para el ex conseller una condena de inhabilitación y un año y nueve meses de prisión, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. También reclama el pago de una multa de 1,1 millones de euros. Por su parte, el Govern balear, personado como acusación particular a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, reclama diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y dos años de cárcel, así como el pago de una multa.

El caso, que instruyó el Juzgado de instrucción número 3 de Palma, investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del puerto deportivo de Calanova a la empresa Port Olímpic. Como había adelantado el diario ‘Última Hora’, la Fiscalía acusa al ex conseller de haber manipulado el concurso para beneficiar a su socio.

Esta adjudicación tuvo lugar en septiembre de 2013, cuando Carlos Delgado (PP) era conseller de Turismo y presidente de Ports de les Illes Balears.

Un empresario presentó una querella contra el ex conseller y otras empresas concursantes denunciaron irregularidades, como que la mesa había admitido un nuevo estudio de la ganadora cuando ya no era posible presentar más documentación. Además mantuvieron que la baja de precios realizada por Port Olímpic era «temeraria», pero Ports IB rechazó estos recursos.

En la pieza se investiga a otras cinco personas: el exsecretario general de la Conselleria, un abogado, el socio de despacho del exconseller y dos empresarios.