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La abstención del PP y el rechazo de la izquierda impiden condenar el negocio de las pateras en Mallorca

El pleno insular no avala la moción de Vox contra las mafias que trafican con personas y las entidades que se lucran de ello

Los de Abascal califican de "incomprensible" que se antepongan cálculos políticos a la seguridad de los ciudadanos

Pateras Mallorca
La Guardia Civil tras interceptar una patera en la costa de Mallorca. (EFE)
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

La abstención del PP y el rechazo de la izquierda impiden condenar el negocio de las pateras en Mallorca en el pleno insular celebrado hoy donde los socios del gobierno de coalición de Vox no han apoyado una moción presentada por este partido contra «las mafias que trafican con personas, y  todas aquellas entidades, asociaciones u organismos que se lucran, directa o indirectamente, de esta actividad ilícita».

Tras conocer el resultado de la votación, la formación de Santiago Abascal en el Consell ha denunciado con contundencia la abstención del PP y el voto en contra del PSOE, Més per Mallorca y El PI de condena del «negocio de la inmigración ilegal» en Mallorca.

Toni Gili, portavoz de este partido, ha expresado su profunda decepción y calificado la abstención del PP de «obstáculo inaceptable que impide tomar medidas cruciales contra esta grave amenaza».

«Es incomprensible que, ante un problema de tal magnitud, se antepongan cálculos políticos a la seguridad de nuestros ciudadanos». Gili ha sido tajante al señalar que la inmigración ilegal constituye una «grave amenaza para la seguridad, la cohesión social y el orden jurídico en España y, en particular, en las Islas Baleares».

Ha recordado que, en 2024, más de 6.000 personas llegaron ilegalmente a Baleares en patera, «cifras alarmantes que consolidan el archipiélago como una de las principales rutas y demuestran la impunidad con la que operan las mafias internacionales».

Además, ha arremetido contra las «entidades y organizaciones subvencionadas que, lejos de combatir esta situación, se benefician económicamente de ella a través de contratos públicos, programas de acogida y convenios financiados con fondos europeos, estatales y autonómicos».

Gili ha denunciado que esta red de intereses «no solo perpetúa el drama humanitario, sino que expolia los recursos públicos, genera inseguridad ciudadana y menosprecia el esfuerzo de quienes emigran legalmente y respetan nuestras normas».

Lo mismo ha sucedido con la moción de este mismo partido relativa a la exención del pago del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para los residentes legales en España, que no ha sido aprobada al no contar con el respaldo de las demás formaciones políticas.

David Gil, portavoz adjunto de Vox en el Consell, ha calificado el ITS como «una herramienta de recaudación encubierta bajo un falso barniz ecológico» que «ha financiado proyectos ideologizados ajenos a la sostenibilidad real».

Gil ha enfatizado que este impuesto «penaliza a un sector clave para nuestra economía como es el turismo» y, lo que es «aún más grave, impone una carga fiscal injustificada a los ciudadanos que, siendo residentes legales en España, desean disfrutar del territorio nacional».

Por ello ha lamentado la especial gravedad que esto supone para los propios residentes en Baleares y para cualquier español que visite otra isla del archipiélago. Aunque antes de la votación, Vox ofreció una transacción de consenso para eximir del pago del ITS a todos los residentes legales en España, con exención automática y permanente para los residentes en las Islas Baleares, la propuesta fue rechazada.

Por ello Gil se reafirmó en que su partido seguirá luchando contra la ineficacia y el sectarismo político.

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