Aragón recurrirá al Constitucional la Ley de Amnistía tras su «demoledor» informe jurídico: «Es un deber»

Mientras el Senado vota en contra este martes de la tramitación de la Ley de Amnistía, el Gobierno de Aragón ya adelantado que presentará un recurso contra esta ley en cuanto se apruebe ante el Tribunal Constitucional, tras recibir el informe favorable del Consejo Consultivo de Aragón que considera que la comunidad tiene «legitimidad para interponerlo».

Como decimos, el anuncio del recurso por parte de Aragón contra la amnistía se ha producido tras haber conocido el «demoledor» informe de los servicios jurídicos del Consejo Consultivo, siendo este «el primer dictamen realizado por una comunidad autónoma al respecto», ha defendido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, minutos antes de asistir al Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid.

PP y Vox han querido expresar su unidad ante el ataque al Estado de Derecho del PSOE y han dado una rueda de prensa conjunta en el Pignatelli, representados cada uno en los vicepresidentes del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco (vicepresidente primero, Vox) y Mar Vaquero (vicepresidenta segunda, PP).

El informe realizado firmado por el presidente del Consejo Consultivo de Aragón, Xavier de Pedro Bonet, y realizado por siete juristas de reconocido prestigio, concluye que tanto el Gobierno de Aragón como las Cortes, «están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional».

📑 El Consejo Consultivo de Aragón avala la presentación del Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.

🗣️ Los vicepresidentes @_a_nolasco y @MarVaqueroPeria han expuesto las conclusiones del dictamen.

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— Gobierno de Aragón (@GobAragon) May 14, 2024

El Gobierno de Aragón ha animado a otras comunidades a consultar dicho informe que se ha hecho público este mismo martes, con la intención de que pueda servirles de base para futuros recursos. Puesto que tal y como indica el dictamen: «No hay duda de que el proceso independentista catalán, al que se refiere la proposición de Ley, ha tenido y tiene efectos sobre el resto de comunidades autónomas y afecta a la solidaridad entre todas ellas».

Lo cierto es que dicho dictamen de 38 páginas, explican de forma detallada el camino por el cual se ha ido tejiendo la instrumentalización partidista por parte del PSOE de la Ley de Amnistía, con el único fin de alcanzar el poder, con los apoyos de los secesionistas.

«La amnistía no es una necesidad social reclamada desde el interés general de sociedad española, ni con el objetivo de una supuesta reconciliación en Cataluña, sino una condición impuesta por partidos independentistas catalanes en beneficio de sus líderes y a cambio de la investidura del actual Gobierno del Estado», expresa el informe.

La legitimidad de Aragón para el recurso

Entre las finalidades que tenía dicho informe era despejar la duda de si el Gobierno de Aragón tenía legitimidad jurídica para interponer dicho recurso ante el Tribunal Constitucional. Al respecto, el Consejo Consultivo considera que la legitimación de Aragón para interponer un recurso de inconstitucionalidad «es evidente», puesto que se trata además de «borrar las consecuencias jurídicas derivadas de actuaciones contrarias a la configuración constitucional del Estado, tipificadas como delito en el momento de su comisión».

Y en el caso de Aragón «especialmente» por los vínculos seculares con la Comunidad Autónoma de Cataluña, y que queda manifiesto en «la presencia del catalán en algunas zonas del Aragón oriental», así como «el Archivo de la Corona de Aragón ubicado en Barcelona, objeto de relevante atención en el Estatuto aragonés».

A este respecto, la legitimidad de Aragón para dar este paso al frente ante el «ataque» al Estado de Derecho, radicaría en la razón histórica que constituye la Corona de Aragón, puesto que es, en este punto, donde los argumentos del secesionismo catalán se deshacen, ya que Cataluña nunca fue un reino, y estuvo integrada siempre en dicha Corona aragonesa.

Tal y como ha defendido el Gobierno de Aragón, «el independentismo afecta a los intereses no solo políticos sino históricos, económicos, sociales y culturales» de la comunidad. Uno de los que resalta el informe es, por ejemplo, la «gran cuenca hidrográfica del Ebro».

No hay que pasar por alto, además, que la «vecindad» entre comunidades, tal y como ha resaltado Vaquero, ha tejido «relaciones comerciales intensas», así como ha hecho que muchos aragoneses tengan su «segunda residencia en Aragón».

El informe de Aragón sobre la amnistía

Sin duda el informe realizado por Aragón merece la pena su lectura, no sólo por parte de responsables políticos sino de la ciudadanía, por la claridad y capacidad de síntesis para exponer el relato cronológico de los hechos, detallando en su séptima parte, la deriva de Pedro Sánchez en sus continuas contradicciones y cambios de opinión, desde las elecciones de noviembre de 2019.

Tal y como expresa el informe, «el indulto no se encontraba ni en el programa ni los planes del presidente del Gobierno en funciones y candidato por el PSOE en las elecciones generales de 2019», al tiempo que enumera una serie de intervenciones de Sánchez en distintos medios de comunicación defendiendo la sentencia que condenó el procés, así como mostrando su rechazo a la amnistía.

De tal forma que el informe señala que fueron tras las elecciones de 2023 como punto de inflexión, puesto que tampoco la amnistía «se encontraba en el proyecto del PSOE ni en su programa electoral para las elecciones celebradas en julio de 2023. Además de considerarla contraria a la Constitución española».

Conclusiones del informe de Aragón

El dictamen concluye que «la fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la Ley Orgánica de Amnistía infringe los principios democráticos del Estado de Derecho exigidos en el Derecho de la Unión Europea, al no dar oportunidad de una adecuada participación social, institucional y política en su elaboración, conforme a las técnicas de la democracia deliberativa, lo que puede plantearse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la vía de la cuestión prejudicial».

Así mismo que «la aprobación de la amnistía exige una previa reforma de la Constitución, que no la prevé, habiéndose rechazado en el proceso constituyente las enmiendas que pretendían incluirla, sin que las Cortes Generales puedan hacer valer ningún poder en la materia, dado que la amnistía es una función distinta de la genérica potestad legislativa».

Además, según indican, «esta amnistía infringe la prohibición constitucional de la arbitrariedad, ya que su causa eficiente consiste exclusivamente en permitir la investidura del presidente del Gobierno de la Nación con los votos de los partidos independentista».

Así mismo, el informe indica que es «un traje a medida», en palabras del vicepresidente Alejandro Nolasco, puesto que según se puede leer en el punto sexto de las conclusiones está diseñada específicamente «para excluir toda responsabilidad penal del expresidente de la Generalidad de Cataluña y líder de uno de los partidos independentistas que exigen la amnistía».

Y para colmo y a modo de órdago, el punto octavo y último de las conclusiones no puede ser más claro, cuando dice que la amnistía «vulnera las exigencias en materia de control de constitucionalidad de las leyes y de ajuste al Derecho de la Unión Europea».