El sector de la vivienda turística acusa a Sánchez de invadir competencias y atacar la economía andaluza

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) ha denunciado que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la revocación de unas 53.000 viviendas turísticas es «un ataque directo a la seguridad jurídica, a la economía andaluza y a las competencias autonómicas reconocidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía».

Según la patronal, esas viviendas no han perdido su licencia turística autonómica y «la mayoría opera con autorización legal otorgada por la Junta de Andalucía».

Avvapro sostiene que el bloqueo del Número de Registro de Alquiler (NRA) obedece a «fallos del Registro Digital Único y a criterios dispares de los registradores», y reprocha al Gobierno central que convierta «un problema técnico y administrativo» en una «ilegalidad masiva». «Es un intento de manipulación de la opinión pública intolerable», lamentan.

La asociación subraya que la retirada de licencias no es competencia estatal, sino de las comunidades autónomas, y acusa al Ejecutivo de Sánchez de «arrogarse esta potestad», que «constituye una invasión flagrante de competencias y un desafío directo al marco constitucional».

Avvapro recuerda que el Real Decreto 1312/2024 que regula el Registro Único está impugnado por cuatro comunidades autónomas –Andalucía, una de ellas– y dos asociaciones. Aplicar sanciones o «cancelaciones masivas» mientras la norma está en litigio «genera una inseguridad jurídica inaceptable» y deja «a miles de familias y empresas en una situación de incertidumbre injustificada», sotienen.

«Señalar como ilegales a miles de viviendas con licencia autonómica es un ataque al motor económico de Andalucía y de España. En provincias como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada, el turismo de corta duración sostiene decenas de miles de empleos y genera un impacto decisivo en la actividad económica. Dañar la imagen internacional de España como destino turístico es una irresponsabilidad que pagarán trabajadores, familias y empresas andaluzas», remarcan.

La patronal añade que la estrategia del Gobierno pasa por «desviar la atención del problema real», que es la falta de nueva construcción «frente a una altísima demanda», puesto que en los últimos 14 años «nunca se han llegado a construir más de 100.000 viviendas al año», con una población que en los últimos años ha crecido «de modo sostenido por encima de los 700.000 habitantes al año».

«Pedro Sánchez trata de manipular a la ciudadanía cuando habla de 53.000 viviendas ilegales: la realidad es que está atacando a Andalucía, a sus competencias y a un sector que es clave para nuestra economía. Retirar anuncios de las plataformas no equivale a retirar licencias», apuntan desde Avvapro.

La patronal niega que una retirada de anuncios vaya a volcar el parque hacia el alquiler de larga duración: asegura que sólo el 37% de las viviendas de uso turístico inscritas se destinan en exclusiva al uso vacacional y que muchos propietarios, ante el «altísimo riesgo de impagos» y una Ley de Vivienda «eminentemente fallida», dejarán el inmueble vacío antes que pasar al alquiler habitual.

El sector concluye que «retirar anuncios no equivale a retirar licencias» y exige «respeto a las competencias autonómicas» y «apoyo a quien cumple la ley».