Procesan a siete ex altos cargos socialistas de la Junta por ayudas de más de 54 millones de euros

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 30/04/2026 12:14
  • Actualizado: 30/04/2026 12:14

Un juez sentará en el banquillo a siete ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía por ayudas de 54,3 millones de euros concedidas a Boliden Apirsa y a ex trabajadores afectados por un ERE. Entre los procesados está el ex consejero de Empleo Manuel Recio, dentro de una de las piezas pendientes del caso ERE.

El juez José Ignacio Vilaplana, que investiga las piezas pendientes del caso ERE, ha dictado un auto por el que cierra la instrucción de la causa relativa a la concesión de ayudas por valor de 54.279.986,16 euros a la empresa Boliden Apirsa y a un colectivo de ex trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo en 2001.

El magistrado ha acordado continuar las diligencias como procedimiento abreviado al apreciar indicios de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, tal y como ha avanzado El Mundo y ha podido confirmar OKDIARIO Andalucía por fuentes judiciales.

Además del ex consejero de Empleo Manuel Recio, el juez ha procesado en esta pieza a tres ex viceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y un ex director general de la Agencia IDEA.

En cambio, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa para los ex consejeros de la Junta Antonio Fernández, consejero de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010, y Martín Soler, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa entre abril de 2009 y marzo de 2010.

El auto señala que, respecto a ambos, «no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos por los que se procede en la presente causa».

El magistrado subraya que «es cierto» que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y una testigo relataron en sus declaraciones judiciales que el acuerdo entre directivos de ambas consejerías para cooperar en la ilícita financiación de esa línea de ayudas habría sido asumido por los sucesivos viceconsejeros.

Sin embargo, el juez precisa que «no constan manifestaciones concluyentes de que dicho acuerdo hubiera sido adoptado con el beneplácito de los respectivos consejeros». «Por consiguiente, la implicación de los cargos y directivos superiores -los consejeros- en tales hechos delictivos no puede sostenerse en consideración a evidencias solventes, más allá de las sospechas de que, por su posición como responsables máximos de las respectivas consejerías, habrían tenido conocimiento de la irregular disposición de aquéllos fondos y de los acuerdos determinantes de tal ilícita actuación», recoge el auto.

La empresa Boliden Apirsa y el colectivo de ex trabajadores recibieron ayudas para financiar pólizas de rentas temporales suscritas por los sindicatos CCOO y UGT con Vitalicio Seguros, así como un plan de recolocación para los empleados.

Boliden Apirsa gestionaba la mina de Aznalcóllar cuando, en abril de 1998, se produjo la rotura de una balsa que provocó un gran vertido de aguas y lodos tóxicos en la cuenca del río Guadiamar. Aquel desastre conllevó el cierre de la explotación y el despido de sus trabajadores, que posteriormente se acogieron a este plan de ayudas para financiar sus rentas.

Entre las ayudas investigadas destaca una de 52.511.754,30 euros concedida para financiar los compromisos de concesión y pago de «ayudas sociolaborales» a favor de los ex trabajadores afectados por el ERE 3/2001 de la empresa, mediante una póliza de seguro colectivo de rentas temporales suscrita por CCOO y UGT con Vitalicio Seguros.

El juez también analiza una ayuda de 1.768.231,86 euros concedida para financiar un suplemento a la póliza anterior, suscrito para la contratación de rentas vitalicias adicionales a las rentas temporales pactadas. Además, el magistrado destaca las ayudas concedidas y satisfechas por responsables de las consejerías de Empleo y de Innovación a favor del colectivo de ex trabajadores de Boliden Apirsa que, una vez extinguida su relación laboral, se acogieron a sucesivos planes de recolocación.

Según el auto, esos planes fueron «más bien, un sólo plan con sucesivas y distintas condiciones o negociaciones» y no siempre fueron aceptados o cumplidos por los propios ex trabajadores. Finalmente, habrían sido indemnizados por no haber sido recolocados con supuestas «ayudas sociolaborales excepcionales» entre los años 2008 y 2011.