Montero habla de «gastos irregulares» de la Junta mientras se investiga el uso de la FAFFE por el PSOE como «agencia de colocación»

• Ezequiel Marín @ezequiel_maring
• Corresponsal de OKDIARIO Andalucía | ezequiel.marin@okdiario.com
• • 18/09/2026 18:46
  • Actualizado: 18/09/2026 18:46

María Jesús Montero ha exigido este viernes explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por los «hasta 38.000 millones de euros gastados de manera irregular» que, según la dirigente socialista, se desprenden de un informe de la Cámara de Cuentas sobre el sistema de control del gasto de la Administración andaluza entre 2020 y 2024. La secretaria general del PSOE-A ha cargado contra el Gobierno autonómico precisamente por las deficiencias detectadas en los mecanismos de fiscalización y ha situado la sanidad pública en el centro de sus críticas.

«Quitaron los controles y ahora la Intervención General de la Junta señala hasta 38.000 millones de euros gastados de manera irregular», ha escrito Montero en su cuenta de la red social X. La socialista ha añadido que estas supuestas irregularidades son especialmente preocupantes en el ámbito sanitario y ha vuelto a acusar al Gobierno de Moreno de utilizar contratos «a dedo y sin control» en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Las palabras de la número uno del PSOE andaluz llegan, sin embargo, cuando su propio partido continúa bajo el foco por las investigaciones judiciales relacionadas con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), una entidad dependiente de la Junta durante la etapa de gobiernos socialistas que terminó integrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La FAFFE está siendo investigada por el uso de procedimientos de contratación que la Guardia Civil considera que pudieron permitir incorporaciones sin los mecanismos habituales de publicidad y concurrencia. La Unidad Central Operativa (UCO) ha analizado en uno de sus últimos informes 84 contrataciones de trabajadores de la antigua fundación y ha puesto el foco en 10 expedientes concretos.

Los investigadores han encontrado en algunos de estos procedimientos ausencia de documentación que permita acreditar la celebración de un proceso selectivo y, en determinados casos, un peso especialmente relevante de las entrevistas personales. El informe también analiza requisitos y circunstancias de varias contrataciones que la UCO considera susceptibles de ser examinadas judicialmente.

La investigación afecta a contrataciones realizadas durante la etapa socialista en la Junta y a trabajadores que posteriormente pasaron al Servicio Andaluz de Empleo tras la desaparición de la FAFFE. Precisamente, una parte de las investigaciones llevadas a cabo por la UCO se centra en determinar cómo se produjeron esas incorporaciones y qué procedimientos se siguieron para seleccionar a los trabajadores.

Una fundación bajo la lupa

La FAFFE lleva años apareciendo en diferentes investigaciones judiciales relacionadas con la gestión de fondos públicos y la contratación de personal durante los gobiernos socialistas. El nombre de la fundación saltó al primer plano también por el conocido caso de los gastos realizados con tarjetas de crédito en clubes de alterne por antiguos responsables de la entidad.

El exdirector de la FAFFE Fernando Villén fue condenado en 2022 por la Audiencia de Sevilla por delitos de malversación y falsedad relacionados con el uso de tarjetas de la fundación. Pero las investigaciones sobre la FAFFE no se han limitado a aquel escándalo. La Guardia Civil mantiene abiertas líneas de investigación sobre determinadas contrataciones y sobre la gestión desarrollada en la fundación durante su etapa bajo control de la Junta socialista.

Uno de los últimos informes de la UCO, incorporado a la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, analiza precisamente las circunstancias que rodearon varias contrataciones. El documento policial ha provocado nuevas peticiones de explicaciones por parte del PP andaluz a Montero, que fue consejera de la Junta durante los gobiernos socialistas. Los populares han utilizado estos informes para acusar al PSOE de haber convertido la FAFFE en una «agencia de colocación» durante sus años al frente de la Junta.