Una madre entrega a su hijo 60 gramos de hachís y cocaína en un vis a vis en la cárcel de Algeciras
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El tráfico de drogas en la cárcel de Algeciras es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los funcionarios de prisiones, ya sea mediante drones, una práctica cada vez más empleada, o en los vis a vis, donde cualquier encuentro puede ser susceptible de esconder un intercambio de estupefacientes, también entre madre e hijo.
Hace escasos días, una mujer aprovechó una comunicación familiar para introducir droga en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), tal y como ha denunciado en un comunicado la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).
Antes de celebrarse el vis a vis, el guía canino marcó a la madre como portadora de droga, pero el registro practicado por la unidad especializada resultó infructuoso. Una vez concluido el encuentro con su hijo, el preso fue también registrado y, mediante una placa radiológica, se hallaron cinco bellotas de hachís -con un peso de 57 gramos- y dos papelinas de cocaína -1,7 gramos- ocultas en el interior de su cuerpo. La madre se enfrenta ahora a una posible condena de entre seis y nueve años de cárcel.
El interno es un joven de 22 años y nacionalidad española que cumple una pena de algo más de cinco años. Desde que ingresó en la prisión de Botafuegos hace unos meses, ha protagonizado ya numerosos incidentes y acumula diversas sanciones, según detalla el sindicato.
La droga, «fuente de conflicto» en prisión
El último estudio realizado por ACAIP Algeciras ha revelado las principales vías de entrada de droga en el centro penitenciario de Botafuegos. En más de la mitad de los casos (55%), ésta tiene lugar al regresar el reo del disfrute de un permiso penitenciario. El 38% de la entradas de droga se producen «aprovechando las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia en el interior de la cárcel, que disfrutan los internos con amigos, familiares y allegados». La introducción de paquetes desde el exterior por personas autorizadas supone un 7% de los casos detectados, a lo que ahora habría que añadir la utilización de drones, cada vez más en boga.
Así quedó reafirmado durante la pandemia, cuando la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a petición de ACAIP, ordenó sellar las cárceles de cara al exterior. «Si hubo algo de positivo en ese periodo -explica el sindicato- es que la droga dejó de entrar en las prisiones. A pesar de los cacheos que se realizaban a diario y de forma sorpresiva, los resultados fueron infructuosos».
Desde ACAIP remarcan que la entrada de droga en prisión conlleva «múltiples consecuencias». Primero, para la cárcel de Botafuegos, ya que «se altera la convivencia ordenada y pacífica y se menoscaba la seguridad del centro». Segundo, para el interno, «porque la Dirección de la cárcel pone los hechos en conocimiento del Juzgado de Guardia por si hubiere indicios de delito, así como la petición de traslado a otra prisión más acorde con el perfil delictivo y penitenciario del preso».
En tercer lugar, apuntan, para los propios trabajadores y para el resto de internos, «ya que se pone en peligro la integridad física (amenazas, coacciones, peleas, agresiones…) e incluso peligra la vida por las temidas sobredosis». Y, por último, para «el amigo, familiar o allegado que sea partícipe en la introducción de drogas, sustancias tóxicas o estupefacientes, por estar tipificado en el Código Penal como un delito con una condena de entre seis y nueve años de prisión».
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