La familia del soldado ahogado en Cerro Muriano pide investigar al general y exculpar al sargento

La acusación particular del caso Cerro Muriano, en nombre del soldado Carlos León Rico, que falleció ahogado junto al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar durante unas maniobras en el lago de la base el pasado diciembre, ha pedido al Juzgado Militar Central que investigue al general que ejercía el mando cuando ocurrieron los hechos y que se archive la causa abierta contra el sargento imputado en la misma, ya que «es una víctima más».

En rueda de prensa, el abogado penalista Luis Romero ha mostrado su «conformidad» con el auto del Juzgado Territorial de Sevilla de «inhibirse» del procedimiento en favor del Central, con sede en Madrid, al entender que de las diligencias pueden resultar como presuntos responsables «mandos superiores» y «aforados» que debe investigar un tribunal superior.

En este sentido, ha considerado que el juez militar de Sevilla le da la razón al exponer en sus recursos que el caso pude llegar «hasta los dos coroneles que estaban ejerciendo el mando del regimiento en Cerro Muriano», además de «un teniente coronel y un comandante», si bien «no se menciona» al general que «creemos debe ser investigado».

«Esta acusación cree que los generales tiene que estar al tanto de lo que hacen sus hombres y de la seguridad» para que «sus subordinados, desde el coronel hasta todos los demás, llegando a los suboficiales, cuiden a la tropa», ha argumentado el letrado.

Además, el abogado ha anunciado que pedirá que se archive la investigación contra el sargento porque, entiende, «es una víctima más» y ha declarado «verazmente» en el procedimiento que «advirtió de que ese ejercicio tenía que haber sido interrumpido» y dejarse «para otro día», algo a lo que el capitán encargado de las maniobras se negó.

Finalmente, Luis Romero ha denunciado una «intimidación» del Juzgado Militar de Sevilla para «evitar que hable del procedimiento», y por ello pedirá «amparo» ante el Colegio de Abogados de Sevilla con el objetivo de que «no se coarte» su «libertad de expresión».