Andalucía
Caso Astapa

Condenado el ex alcalde de Estepona (PSOE) y 14 socialistas más por Astapa: viajes, relojes y prostíbulos

Anticorrupción ha defendido que los políticos procesados se aprovecharon de sus puestos de responsabilidad para tomar decisiones "orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios"

Antonio Barrientos ha definido el juicio contra su persona como una "aberración" y ha anunciado que recurrirá pese a admitir haber recibido regalos

Antonio Barrientos, ex alcalde socialista de Estepona, ha sido condenado este viernes a cinco meses y siete días de suspensión para empleo público por un delito continuado de cohecho pasivo en el juicio del caso Astapa. Esta macrocausa, en la que han sido condenadas otras 14 personas muy relacionadas con el PSOE, surgió a partir de la operación Malaya que, recuerden, arrancó con medio centenar de acusados. Durante el juicio, el titular de juzgado de Instrucción número 1 de Estepona habló de una caja B e incluso una caja C para que «personas directamente relacionadas con el Ayuntamiento y su entorno» recibieran regalos como televisores de plasma, viajes, relojes de lujo e incluso el abono de consumiciones en establecimientos hosteleros —incluso de naturaleza sexual— hasta trasferencias de dinero por «una cantidad escandalosa con destino a cuentas de personas del Consistorio o familiares».

Así, 17 años después de que fuera arrestado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Barrientos y el resto de acusados enfilaban a primera hora del 9 de enero de 2023 la escalera de acceso a la Ciudad de la Justicia de Málaga para afrontar la primera jornada del proceso. Según Anticorrupción, alguno de los acusados obtuvo invitaciones a eventos y se le llegó a abonar cientos de euros para financiar actividades en el club de alterne Milady Palace de Marbella por parte de empresa Valle Romano. 

La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido desde el inicio de esta causa que los políticos procesados se aprovecharon de sus puestos de responsabilidad pública para tomar decisiones «orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios». El objetivo: «financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición» así como en su beneficio propio.

Condenados

El Tribunal que ha enjuiciado el caso Astapa contra la supuesta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga), ha condenado a 15 acusados, entre ellos el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, en este caso por un delito de cohecho a una pena de suspensión de empleo o cargo público durante cinco meses y siete días y multa de 40.000 euros.

Además, han sido condenados otros 14 acusados -en su mayoría socialistas o políticos que formaron parte del gobierno socialista-, a los que se les han impuestos penas de multa o suspensión de empleo y cargo público y en un caso prisión de seis meses; mientras que otros 31 procesados han sido absueltos, en algunos casos por prescripción de los delitos por los que eran acusados.

Los acusados y sus letrados defensores fueron convocados para este viernes para la lectura del fallo de la sentencia, con más de 3.000 folios, de este caso, cuya investigación se inició en 2007, aunque el juicio comenzó 17 años después. Fueron casi 50 acusados los que llegaron al inicio del juicio, entre ellos Barrientos, así como otros ex responsables municipales entonces del PSOE y del Partido de Estepona (PES); así como empresarios y funcionarios, todos allegados a los socialistas.

Anticorrupción

Anticorrupción acusaba por supuestamente tener «una caja B con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios».

El fiscal apuntaba inicialmente a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos «tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica» en el municipio, pero «en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios».

«Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una caja B, procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios», dice la Fiscalía en su escrito provisional.

El Ministerio Fiscal consideraba que las contribuciones supuestamente «se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales».

Asimismo, Anticorrupción apuntaba en su escrito inicial que «se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido».

«Aberración»

El exalcalde de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos, que ha sido condenado por cohecho a pena de suspensión de empleo público en el caso ‘Astapa’, contra la supuesta corrupción política y urbanística en esa localidad, ha asegurado que recurrirá la sentencia, aunque ha señalado que tras el fallo ha quedado patente que el caso ha sido «una auténtica aberración».

«Me habían condenado al paredón y después de todo lo habido, alguna colleja le tenían que dar al alcalde», ha apostillado Barrientos tras la lectura por parte de la Sala de Málaga que ha juzgado el caso del fallo de la sentencia, de más de 3.000 folios, en la que el Tribunal condena a 15 personas, incluyendo al ex alcalde, imponiendo penas de multa, suspensión de empleo o inhabilitación, y absuelve a 31 acusados.

En declaraciones a los periodistas a la salida, Barrientos ha dicho que «estaría contento si hubiera salido totalmente absuelto», pero ha considerado que el caso ha sido «una atrocidad» y que «ha quedado patente que el Ayuntamiento siempre actuó en defensa de lo público».

En este punto, ha precisado que «no hay condenas por prevaricación, es decir, por decisiones injustas; ni por malversación, es decir, no ha habido un perjuicio público de las arcas municipales» y ha señalado que su condena es «por un cohecho pasivo que es por recibir algún regalo, que ya veremos, por razón de mi cargo, no por haber hecho una actuación injusta».

Aunque ha señalado que tendrán que analizar la sentencia, ha incidido en que «se ha demostrado que esto es un verdadero dislate y en todo lo referente a los convenios urbanísticos, y lo dice la sentencia porque no ha habido condenas, que eran legales». También entiende que «ha quedado perfectamente claro» el apartado de la disciplina urbanística.

«La verdad es que tendríamos que hacérnoslo mirar porque 17 años para esto es una verdadera infamia», ha asegurado, por lo que ha señalado que recurrirán y ha reiterado que su actuación «siempre fue impecable, siempre que tuve conocimiento de algo, lo denuncié en la Fiscalía Anticorrupción».

«Contento no puedo estar porque cuando uno ha sido un alcalde honesto, con cualquier mancha por pequeña que sea, nunca va a estar alguno contento, pero obviamente de donde partíamos a donde estamos…», ha dicho, recordando que inicialmente «se habló de desfalco, de organización criminal, de un perjuicio» y le pedían una multa de un millón de euros y más de diez años de prisión.

«Haciendo un símil les diría que me habían condenado al paredón y después de todo lo habido, alguna colleja le tenían que dar al alcalde», ha apostillado el expolítico.

Respecto al papel de la Fiscalía en este caso, «me parece que su actuación ha rayado la indecencia y con una falta de rigor total y absoluta», ha dicho. «Es indecente en un Estado de Derecho que esas siete denuncias que puse en la Fiscalía por posibles irregulares que yo pude apreciar jamás fueran tenidas en cuenta, que una de ellas se perdió hasta en tres ocasiones», ha recordado.

También ha apuntado a «la falta de gallardía del ministerio fiscal y de valentía, diría yo, y de respeto tanto a las defensas como al Tribunal de una vez acabado su parte no haber escuchado él la defensa y no haber acudido hoy a escuchar el fallo».

Cuestionado por si se ha acordado de los compañeros del PSOE que presentaron la denuncia que dio lugar a este caso, Barrientos ha asegurado que «esas personas merecen el desprecio más absoluto por mi parte». «Decía mi abuelo que el mejor desprecio es no hacer aprecio y a esas personas no merece la pena darles ni un segundo más», ha manifestado.

Al respecto, sí ha señalado que «en la primera impresión de la condena no hay nada de lo que ellos denunciaron», aunque ha precisado que tendrá que analizar la sentencia. «Un juicio después de 18 años, después de todo lo que se ha formado, tiene unas connotaciones que van más allá de lo estrictamente jurídico», ha concluido.