Condenado por el desvío de fondos públicos otro ex alto cargo socialista de la Junta de Andalucía

El Tribunal de Cuentas ha condenado a un ex alto cargo socialista de la Junta de Andalucía por el desvío de fondos públicos que tenía la obligación de controlar. Se trata de Manuel Torralbo Rodríguez, del PSOE de Andalucía y próximo a la ex ministra Carmen Calvo. Fue, sucesivamente, director general y secretario general en consejerías del Gobierno andaluz del PSOE. También fue concejal en Córdoba, número dos del grupo municipal en esa ciudad. En la actualidad es rector de la Universidad de Córdoba. El Tribunal de Cuentas le ha condenado a pagar 26.524 euros más intereses.

Manuel Torralbo acabó enjuiciado por no haber reclamado el reintegro a las arcas de la Junta de una subvención que no fue justificada por los beneficiarios. En concreto, se trató de parte de una ayuda concedida el 7 de mayo de 2008 por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía a la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), una asociación vinculada a la propia Junta de Andalucía.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, los hechos se remontan al 19 de julio de 2007, cuando se suscribió un Convenio Marco de Colaboración de la Junta de Andalucía con RETA. El acuerdo fue articulado desde la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. La subvención era finalista, es decir, para un destino concreto, el desarrollo de un programa específico.

La subvención total ascendió a 1.874.277 euros. Se acordó que el pago se llevaría a cabo en tres tandas de 624.759,13 euros cada uno, en los años 2008, 2009 y 2010. Así se hizo efectivo, mediante cuatro desembolsos en las anualidades acordadas. En 2008 se abonaron a 624.759 euros en dos pagos, por importes de 299.999 euros y 324.760 euros. En los dos siguientes años, se abonaron  624.759 euros en un único pago para cada ejercicio. Y, finalmente, el último pago se realizó el 14 de julio de 2010.

Fue concretamente en marzo de 2014 cuando la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía contestó a un requerimiento de la Secretaría General de Universidades para que aportase información adicional sobre el personal vinculado al proyecto que se había subvencionado. El secretario general era Manuel Torralbo. Pero no cumplió con su trabajo: la dejadez fue tal que pasaron cuatro años sin que se moviera un dedo para comprobar la preceptiva acreditación que se había reclamado a RETA y sin exigir el reintegro de la parte de la subvención que no se había justificado adecuadamente, esos 26.524 euros.

Como consecuencia de esos cuatro años transcurridos, el 20 de enero de 2020 se declaró la prescripción del derecho a reconocer el reintegro de esos fondos que no fueron justificados.

Es decir, la dejadez de Manuel Torralbo, según la sentencia, constituyó un supuesto de «dolo, culpa o negligencia graves». Por tanto, incurrió en responsabilidad directa de menoscabo de fondos públicos. Es lo que técnicamente se considera «responsabilidad por alcance», que es el ámbito jurídico que dilucida el Tribunal de Cuentas en su orden jurisdiccional.

Más casos

El socialista Manuel Torralbo Rodríguez no es el único ex alto cargo de la Junta socialista condenado por el Tribunal de Cuentas. Como desveló el mes pasado OKDIARIO, María José López González, que entre 2004 y 2008 fue consejera de Justicia de la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves, fue condenada por este tribunal a pagar más de 70.000 euros a la Junta de Andalucía por el pago de sobresueldos ilegales en la empresa pública Cetursa, que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada y de la que López González fue consejera delegada.

La sentencia dio por probado que hubo trabajadores que llegaron a cobrar en solo un año, en 2015, casi 10.000 euros más de lo que legalmente tenían establecido. El Tribunal de Cuentas acusó a la ex consejera de Chaves de haber ejercido de forma «gravemente negligente, como mínimo, de las funciones propias del cargo» de consejera delegada de Cetursa.

El caso de la ex consejera socialista María José López González se dirime también en la jurisdicción penal. La pasada primavera, un juzgado de Granada decidió procesarla por esos mismos hechos, al entender que pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación.