Andalucía, harta del socialismo: más de 25.000 vehículos colapsan las calles contra la ‘Ley Celaá’

Más de 25.000 vehículos han colapsado las principales ciudades de Andalucía en señal de protesta contra la denominada ‘Ley Celaá’, que ha movilizado a más de 10.000 coches sólo en Sevilla. En declaraciones a OKDIARIO, que ha estado en la manifestación de la capital hispalense, indignados sevillanos opinaban que «está ocurriendo como en Venezuela», pero «con golfos, terroristas, sinvergüenzas y ladrones».

Un sevillano que apoyaba las protestas de este domingo ha señalado a este periódico que esta medida está hecha «para adoctrinar». «Las personas que necesitan educación especial, se los van a cargar», explicaba un visiblemente indignado ciudadano, que considera que en España «está ocurriendo lo que en Venezuela se hizo en seis años, pero en seis meses».

«Tendría que estar toda España echada en la calle. Por todos los motivos. Hay razones de sobra para meter en la cárcel a todos estos golfos», explica un manifestante, que considera que la Ley Celaá «es una privación absoluta de la libertad de elección de los padres y de los derechos que deben asistir a todos en la educación de nuestros hijos».

«Esta política es nefasta, dictatorial y propia de regímenes comunistas. Y la historia ya nos ha dicho a dónde lleva eso. Hay que luchar todos a una contra este tema porque es insoportable y tenemos que luchar todos contra este tipo de arbitrariedades», señala otro indignado sevillano.

Movilizaciones

Las ocho capitales de provincia de Andalucía y municipios como Baza, Guadix, Jerez de la Frontera o Santa Fe han sido este domingo el escenario de caravanas de coches convocadas por Escuelas Católicas de Andalucía, CECE Andalucía, FSIE Andalucía, Feuso Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en la plataforma Más Plurales, contra la nueva ley educativa promovida por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, conocida como ‘Ley Celaá’ por la ministra del ramo.

El mencionado proyecto de ley, ante el cual PP, Cs y Vox han anunciado impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, contempla entre otros aspectos el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de diez años o la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares.

Frente a ello, las organizaciones promotoras de esta protesta aprecian un «fondo sectario y excluyente» y «agravios contra la libertad de enseñanza», pues a su entender implica «un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos» en el caso de acogerse a la educación financiada con fondos públicos, «un derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas».

«Al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares se concede al Estado un poder absoluto y absolutista para una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos», lamentan. Igualmente, critican las medidas planeadas respecto a la asignatura de religión y temen que introducir una nueva asignatura en valores cívicos y éticos derive en un «adoctrinamiento» en aspectos «no elegidos» por los padres.

Carlos Ruiz, de Escuelas Católicas de Andalucía, ha manifestado al respecto, al comienzo de la caravana de coches celebrada en Sevilla, que el Gobierno central ha actuado «de mala fe» al promover esta ley «en el momento más inoportuno», cuando la sociedad sólo está «pendiente de la situación única y extraordinaria» suscitada por la pandemia de coronavirus Covid-19 y la nueva crisis socioeconómica desencadenada por la misma.

Así, ha criticado la «mala fe» implícita en tramitar precisamente «en este momento» la mencionada regulación, carente de «diálogo o consenso» con el sector de la educación concertada». Es por ello que según avisa, «gran parte de la sociedad» está «en contra» de la denominada como Ley Celaá, pues según ha insistido, la regulación propuesta «hurta» la posibilidad de que en el sistema sostenido con fondos públicos, las familias «puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos».