El PP llevará a los tribunales la Ley de los Fondos de Cooperación que impulsa Ximo Puig
El Partido Popular llevará ante los tribunales de Ley del Fondo de Cooperación que ultiman en las Cortes Valencianas los partidos del Botànic al considerar que atenta contra la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Bases de Régimen Local.
Así, lo ha anunciado el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas el alicantino José Antonio Rovira. El diputado popular ha acusado al socialista Ximo Puig, presidente de la Generalitat, de no abrir los cauces de diálogo que anunció al inicio de la legislatura con aquellos que no estaban de acuerdo con la citada ley: «esos cauces de diálogo no se han abierto en ningún momento», ha dicho. Y, ahora, «de forma urgente se trae esta ley del Fondo de Cooperación, que llevaremos a los tribunales”.
Por su parte, el Botànic entiende que la citada ley no sólo cumple con la Constitución, sino que además tiene el apoyo del Consell Juridic Consultiu, y de la Abogacía de la Generalitat y que, en consecuencia, tampoco es contraria ni incumple l’Etatut d’Autonomía.
El proyecto de ley ha superado el paso por la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local, pero apoyado exclusivamente por los partidos del Botànic y con la oposición tanto del Partido Popular como de Vox, mientras que Ciudadanos ha optado por la abstención.
Rovira ha sostenido que la Ley del Fondo de Cooperación “pretende incautarse, con carácter obligatorio, de unos fondos de las entidades locales y Diputaciones. No hay una ley como esta en toda España”.
Ha agregado que «en algún caso, como Castilla y León, las diputaciones reciben dinero. Aquí se pretende hacer lo contrario, ya que se pretende por Ley obligar a las Diputaciones a poner dinero encima de la mesa, cuando los objetivos de las diputaciones son otros, como atender a los municipios pequeños”, ha manifestado.
Además, el portavoz adjunto del PP en las Cortes ha dicho que su partido tampoco está de acuerdo con los criterios de este fondo, ya que «el único criterio básico es la población y va a favorecer a los municipios con mucha población mientras va a perjudicar a los municipios pequeños”.
A la espera de que comience el camino judicial que hoy ha anunciado el Partido Popular, la ley, de no encontrar otros escollos, podría someterse a debate definitivo en la Cámara en el plazo de un mes. Sin embargo, ahora todo está por ver.
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