La Generalitat adeuda 10,9 millones al Consorcio de Bomberos de Alicante entre 2020 y 2021

La Generalitat Valenciana acumula una deuda de casi 11 millones de euros (10,9) con el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante entre los años 2020 y 2021. La cantidad se desglosa en una deuda de 5,3 millones, que corresponden a la anualidad de 2020. Y otros 5,6 millones más acumulados  en 2021, cuando restan poco más de 3 meses para concluir el año.

La deuda ha hecho saltar las alarmas en el Consorcio, que ha ido capeando la situación con los remanentes de otros ejercicios, pero al que también comienza a preocupar la deuda del organismo autonómico.

Las aportaciones estatutarias al Consorcio en este año se estructuran en tres partes. Una, la principal, procede de la Diputación de Alicante, que aporta 29,1 millones de euros. Las aportaciones estatutarias a las que debe hacer frente la Generalitat correspondientes a 2021 ascienden a 8,5 millones de euros y, por vez primera, son inferiores a las que hacen frente los 140 ayuntamientos adscritos al consorcio, que alcanzan los 9,4 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que la ciudad de Alicante, al igual que ocurre con las de Valencia y Castellón, como capitales de provincia, cuentan con su propio cuerpo de bomberos y que, por tanto, la ciudad de Alicante es la única de los 141 municipios de la provincia no adscrita al Consorcio Provincial.

La estabilidad económica del Consorcio de Bomberos depende en gran medida de que las aportaciones de las tres partes se lleven a cabo en tiempo y forma adecuados, al tratarse de un servicio muy sensible, que afecta a la seguridad de la ciudadanía y por encontrarse comprometida la construcción de los futuros parques principales y auxiliares necesarios para la provincia. Actualmente, además, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante cuenta con un operativo en torno a los 650 efectivos, a los que hay que sumar el personal administrativo, que presta allí sus servicios.

Sólo en los peores años de la crisis, el Consorcio vivió una situación realmente dura, cuando tanto ayuntamientos como la propia Generalitat, acuciados por los pagos y la deuda vieron comprometidas sus aportaciones. En aquellos momentos, el Consorcio llevó a cabo un reajuste y extremó sus exigencias de cobros para regresar a la senda la estabilidad.