La Diputación de Badajoz encarga dos informes para intentar colocar a los funcionarios inhabilitados por el enchufe al hermano de Sánchez

Los funcionarios y cargos electos afectados por la sentencia que inhabilita a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y a otras personas condenadas junto a él, confían en explorar si esa inhabilitación les impide realmente ejercer en cualquier administración pública o sólo en el puesto concreto que ocupaban en la diputación pacense.

La Diputación de Badajoz, según ha podido saber OKDIARIO, ha encargado dos informes para resolver estas dudas. Por un lado, al Gabinete de Asuntos Judiciales. Se da la circunstancia que una persona que ha emitido informes es Francisco Mendoza Sánchez, ex delegado del Gobierno por el PSOE y letrado en el juicio de dos condenados, Félix González Márquez y Cristina Núñez Fernández. Y, por otro lado, a la Intervención general.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz es el origen de todo el proceso. A raíz de ese fallo, la Diputación ha tenido que activar de forma casi simultánea varios frentes: administrativo, económico y electoral.

Además, la administración provincial se ha dirigido ya, entre otras entidades, a la Junta Electoral Provincial para plantear esa duda.

Todo ello mientras varias organizaciones piden paralelamente que David Sánchez y su asesor, Luis Carrero, reintegren los salarios cobrados.

Por un lado, se ha abierto un nuevo procedimiento en el Tribunal de Cuentas tras varias denuncias de organizaciones políticas. Fuentes del tribunal indican que ya se ha nombrado un consejero de la Sección de Enjuiciamiento y de forma independiente, no colegida, tomará los primeros pasos que marcan las normas en estos casos.

Igualmente, entre otros, Vox ha registrado un escrito ante la diputación con idéntica pretensión: que la institución provincial inicie actuaciones para recuperar el dinero abonado.

A ellos se ha sumado el sindicato Manos Limpias, que prevé presentar una querella contra la nueva presidenta provincial, Raquel del Puerto, si no inicia lo citado.

La respuesta de la institución a los tres escritos ha sido, según una de las fuentes consultadas, «genérica», y «un poco como para cubrir el expediente».

Ante este aluvión de escritos, la Secretaría General de la Diputación ha pedido sendos informes internos. Uno se lo ha encargado al Gabinete de Asuntos Judiciales, a cargo de Francisco Alejandro Mendoza Sánchez, sobre las «actuaciones a realizar». El resultado, fechado el 20 de agosto de 2026, señala que la sentencia no es firme y que hasta esa misma fecha no se había notificado formalmente a la Diputación.

El otro informe se ha solicitado de forma conjunta a dos funcionarios habilitados de carácter nacional de la Intervención General, sobre las consecuencias administrativas, económicas, financieras y presupuestarias derivadas de la sentencia. Este segundo documento reproduce la misma conclusión sobre la falta de notificación formal hasta el 20 de agosto.

Consulta electoral pendiente

El asunto de mayor trascendencia práctica es también qué ocurre con quienes ejercían cargos representativos y ahora quedan afectados por una causa de incompatibilidad sobrevenida.

La Diputación ha pergeñado una consulta a la Junta Electoral Provincial, y posiblemente a una Junta Electoral de Zona, sobre el alcance y el momento en qué surte efecto la sentencia condenatoria.

Los nombres que se citan como afectados por esta cuestión son los de Juana Calderón, concejal y funcionaria; Francisco Martos, alcalde de Castuera, y Ricardo Cabezas, concejal en el Ayuntamiento de Badajoz. De momento, según una de las fuentes, no hay contestación por parte de la Junta Electoral.

Las circunstancias personales de cada uno de los afectados son distintas y añaden complejidad al caso. Luis Carrero, el asesor que llamaba a David Sánchez «querido hermanito» evidenciando que estaba ahí por su familiar, es funcionario de la Escuela Oficial de Idiomas. Ricardo Cabezas habría trabajado como personal laboral en el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara.

David Sánchez Pérez-Castejón, por su parte, no consta que sea empleado público. Pero la inhabilitación tendría sobre él el mismo efecto práctico: no podrá trabajar para cualquier ente público en España. Podría volver a Rusia, a San Petersburgo, donde ya trabajó unos años o ir al país natal de su mujer, Japón.

Ninguna de estas situaciones cuenta todavía con resolución administrativa formal. Todo queda supeditado a la aclaración que debe emitir la Junta Electoral e igualmente la Audiencia Provincial de Badajoz y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al resolver nuevos recursos sobre el alcance exacto de la inhabilitación impuesta.

Por otra parte está por ver si las administraciones, antes o después de que la sentencia sea firme, adoptan la decisión de sancionar por la vía interna a estos funcionarios que, además, del daño patrimonial han ensuciado para siempre la imagen y el buen nombre de la diputación pacense.

El resultado de esta partida de ajedrez, jugada entre despachos, juntas electorales y tribunales de justicia, no se decidirá con una sola jugada: mientras la sentencia no sea firme, ni los funcionarios saben si podrán reubicarse en otro puesto, ni la Diputación sabe si tendrá que devolver un solo euro.