Este favorcete lo carga el diablo
Cuando el 16 de febrero de 2006 desvelamos en EL MUNDO de Baleares los primeros indicios de una golfería supina llamada caso Urdangarin, toda la profesión nos miraba con una mezcla de recelo y admiración trufada de descalificaciones para esconder el miedo cerval que les provocaba la omertà impuesta en la Transición que había hecho de la Familia Real una sociedad limitada de intocables para la cual no regía el Estado de Derecho. Con ellos, no valía nada. Para ellos, valía todo. Todo más propio del medievo que de una sociedad europea moderna. Nunca, nadie, mejor dicho, casi nadie (Cacho y pocos más), se había atrevido a hincar el diente a unas corruptelas que constituían algo más que un rumor en esta España de nuestras entretelas en la que, como bien apunta el refrán, «secretos de dos, secretos de todo dios».
Pronto, se hizo luz de gas. Los dictados reales se trasladaron a Moncloa, Moncloa dio a su vez la orden correspondiente al Partido Socialista de las Islas Baleares (que es quien nos ayudó en las pesquisas) y si te he visto, no me acuerdo. Aquel primer intento de aclarar una mangancia en estado embrionario-indiciario (eran indicios de indicios) acabó en gatillazo. Cuando destapamos la historia moderna del escándalo los mieditos de los unos y de los otros también fueron la tónica. Mieditos a que el aparato del Estado te aplastase si seguías la corriente por la que avanzaba el equipo de investigación de EL MUNDO. Temorcitos dentro incluso de EL MUNDO a quedarte solo ante el peligro. Todo muy made in Spain excepción hecha de Ana Rosa Quintana y los antagónicos Federico Jiménez Losantos y Antonio García Ferreras.
En lugar de escarbar en un pedazo de hielo que tenía pinta de ser la madre de todos los iceberg, una parte de la clase periodística resolvió echar mano del argumentario que les dictaban desde Zarzuela o desde sus tan asustadizas como autoinducidas mentes: «No podéis publicar eso. Estáis injuriando a un miembro de la Familia Real. ¿Dónde está la presunción de inocencia?». Presunción de inocencia por aquí, presunción de inocencia por allá, presunción de inocencia acullá… Si no escuché esa gilipollez supina en forma de cantinela 200 veces, la escuché 300, y si no fueron 300, tal vez anduvieron por las 500 ó 1.000, quién sabe. Tan valientes para hablar sin tapujos de Isabel Pantoja, Roca, Bárcenas, Correa o Díaz Ferrán y tan cobardes a la hora de poner negro sobre blanco a cuatro o cinco listos que se lo llevaban crudo por ser vos quien sois.
Esa caterva de periodistas valientes olvidaba que la por supuestísimo sagrada presunción de inocencia opera en el terreno estrictamente procesal, ergo, ante un juez, que lo nuestro era simple y llanamente libertad de expresión. Una libertad de expresión cuyos excesos se ventilan con una querella o una demanda. Y, entre medias, entre lecciones de moral más falsas que el Iscariote, salían informaciones a cual más comprometedora. La falsificación de facturas para engañar a Hacienda, el desvío de fondos robados de Baleares y Comunidad Valenciana a paraísos fiscales a través de una ONG de niños discapacitados, enfermos de cáncer y marginados, los regalos al entonces duque consorte en forma de transferencias a Suiza, los delitos fiscales de Iñaki y Diego, los informes de 13 páginas cobrados a 55.000 euros el folio, los concursos públicos ganados en las Islas por una empresa de Urdanga que había competido con otras dos sociedades de… Urdanga y un tan proceloso como flipante etcétera.
Fue y es una carrera de obstáculos. En lugar de cortar por lo sano desde el minuto uno, echando mano de esa teoría almansiana (de Fernando Almansa) de amputar el miembro gangrenado, se optó por una suicida huida adelante. La Operación Cortafuegos es el símbolo más demencial de esta carrera hacia ninguna parte: Don Juan Carlos citó en Zarzuela a Rajoy, Gallardón, Torres-Dulce y el black Spottorno para activar la retirada de la respiración asistida a Iñaki y blindar per sécula seculórum a Cristina. De aquellos polvos vinieron luego lodos como el de admitir a la hijísima facturas falsas para que no incurriera en delito fiscal o esa torrentesca campaña para intentar encontrar debilidades a un juez Castro limpio como los chorros del oro.
Una de las condiciones que puso el monarca emérito antes de tomar las de Villadiego fue que se garantizara impunidad a su hija. Y a fuer que se están cumpliendo sus designios. O, al menos, lo intentan… Los esfuerzos del ministerio público por apartar del caso a la copropietaria de la tapadera Aizoon son la prueba del algodón de que no todos somos iguales ante la ley. Si el imputado o imputada fuera usted, querido lector, no tenga ninguna duda de que iba palante sí o sí. Menos mal que por allí andaba un tal José Castro que sólo se casa con Doña Justicia.
El último intento por sacar de la foto a Cristina Federica quizá sea el bueno. Más que nada, porque ya no está en el ajo el maravillosamente incómodo magistrado cordobés que pasará a la historia por acabar con la intocabilidad real sin más armas que el caudal probatorio que acumuló durante cinco años de investigación. El estorbo quedó atrás. A partir de mañana llega la hora de la verdad: si se aplica la Doctrina Botín y se tira a la cuneta a una abogada honrada, Virginia López-Negrete de Manos Limpias, la todavía heredera de la Corona (es la sexta en la línea de sucesión) se ahorrará el trago de tener que sentarse en el banquillo hasta el mes de junio.
Pero por salvar a una presunta delincuente fiscal se habrán llevado por delante, para empezar, el derecho a la acusación popular. Un elemento fundamental en nuestro Estado de Derecho que recoge de forma inequívoca el artículo 125 de la Constitución y que a su vez está amparado por el 24, que sacraliza otro de los ejes de cualquier sistema de libertades: la tutela judicial efectiva. Tumbar de nuevo por intereses espurios la legitimación activa que posee cualquier hijo de vecino para personarse en un proceso en defensa de la legalidad supondría horadar aún más una democracia que de calidad no anda precisamente sobrada. La Doctrina Botín, inventada para librar del juicio oral al por otra parte mejor banquero de nuestra historia reciente, sostiene que si la Fiscalía y la acusación particular no mueven un dedo el justiciable se va de rositas. En el caso que nos atañe supondría tanto como que Hacienda no somos todos sino Montoro, el director de la Agencia Tributaria, el tal Treméndez, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Vamos, que ellos son los todopoderosos señores que deciden cuándo hay delito fiscal o no. Y yo pensaba que el interés general también abarcaba a la Hacienda pública…
Pero en lugar de fijarnos en el dedo, echemos un vistazo al sol. Consumar el escandaloso favorcete a la Infanta sería la peor de las faenas que se podían perpetrar contra una institución, la Corona, que ha recobrado el esplendor destrozado en el tardojuancarlismo. El Rey y la Reina son dos personas que pueden pasar cualquier test de transparencia. Es más, creo que lo superarían con sobresaliente. Dicho lo cual no está de más recordar que tanto él como ella, pero muy especialmente él, pusieron distancia con la parejita barcelonesa cuando vieron que se habían comprado un casoplón de 9 kilazos más propio de un jeque árabe, un mafioso ruso o un megacrack del Barça que de una pareja que entre los dos ingresaba 150.000 euros brutos anuales. Item más. Así como Don Juan Carlos se desvivió en abrir puertas al yerno, Don Felipe nunca quiso saber nada de las trapacerías del cuñado. Es más, le montó un pollo de aúpa a Iñaki cuando pidió ayuda económica en febrero de 2008.
Espero, confío y deseo que las no precisamente veteranas magistradas que tendrán en sus manos y en sus conciencias el juicio del siglo no busquen atajos para quitarse el marrón de encima. La solución al enigma llegará antes del 9 de febrero, que es cuando se dará de manera efectiva el banderazo de salida al proceso más esperado de nuestra historia reciente. Librar del banquillo a la Infanta, Doctrina Botín mediante, supondría un golpe no sé si definitivo para una monarquía que vive sus mejores horas gracias a la ejemplaridad de sus dos más eximios representantes. La supervivencia de una Corona que entronca directamente con los Reyes Católicos es directamente proporcional a su respeto ético y estético. Sensu contrario, apañarle el temita a la hermanísima cargaría de argumentos a quienes, como Podemos, las mareas, Bildu, Mas o la CUP, han hecho del objetivo de cargarse España su leit motiv vital. Y también a los que honestamente consideran que nadie debe ser más que nadie por el hecho de nacer en una cuna diferente, a esas nuevas generaciones divorciadas de un poder del Estado que no emana de las urnas sino de la genética. Más aún que eso: nos jugamos el descender a la Segunda División B de las democracias occidentales o la permanencia en Segunda. Ahí es nada.