El mutualismo administrativo es «imprescindible para garantizar la sostenibilidad» del sistema sanitario

El mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), mejora la accesibilidad del sistema sanitario y controla el gasto sanitario, teniendo en cuenta la prima media del mutualista -1.013 euros-, que es 723 euros inferior en comparación con lo que se invierte en el régimen general -1.736 euros-.

Este es solo un dato de partida para analizar la aportación de este modelo al sistema (en el que históricamente más del 80% de los mutualistas han elegido la sanidad privada), cuya situación actual de infrafinanciación ha llevado a la Fundación IDIS a realizar el informe Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario, un nuevo análisis de las potenciales repercusiones que, bajo determinadas hipótesis, podrían darse en nuestro país en el caso de que el modelo de mutualidades no llegara a renovarse. Se trata de un extremo que ocurriría si las aseguradoras y el Gobierno no llegan a un acuerdo para que el modelo no sea deficitario y se garantice su solvencia, al finalizar la vigencia del actual contrato en diciembre de este año.

El análisis de este documento expone también que mientras que la cápita pública por persona ha crecido un 53% en los últimos diez años, lo destinado a las mutualidades lo ha hecho solo en un 32%, lo que produce pérdidas cercanas a los 200 millones de euros anuales en las compañías aseguradoras que prestan este servicio. Así pues, la Fundación IDIS insta a la Administración a adaptar la prima de este convenio, que debe garantizar que las aseguradoras puedan, de una manera equilibrada, cubrir los costes económicos y de prestaciones sanitarios que requiere la cobertura de este colectivo. De no ser así, se desencadenaría un escenario de crisis que haría inviable el sistema de mutualismo.

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, asegura que “sin los fondos suficientes para su financiación sería imposible garantizar la continuidad de este modelo, cuya viabilidad está comprometida por el aumento de costes debidos a la inflación, la ampliación de prestaciones, el envejecimiento de los beneficiarios, los efectos de la COVID-19 y la inversión en equipamientos”.

El análisis llevado a cabo por la Fundación IDIS muestra las consecuencias en el caso de que la renovación del modelo no llegara a producirse, con implicaciones como el trasvase de 1,68 millones de mutualistas a la sanidad pública afectando, en primer lugar, al modelo asistencial, ya que se incrementaría un 2% el total nacional de visitas en Atención Primaria (más de 5 millones de visitas*). Igualmente, se vería afectada la ratio de urgencias. Pero, además, absorber la asistencia a mutualistas provocaría un incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas y un 115% en cirugías*. Por otra parte, el aumento lógico de la presión asistencial que se generaría de forma global llevaría a una situación de colapso a algunas comunidades autónomas con altas tasas de mutualistas y baja penetración del seguro privado, como es el caso de Murcia, Cantabria, Castilla León o La Rioja.

El modelo de cobertura 100% pública tendría un impacto significativo también en la ocupación de camas en la red hospitalaria pública para contrarrestar la saturación; se estima que el sistema público tendría que añadir 3.975 camas, lo que representa un aumento del 3,8% de su capacidad actual a nivel nacional.

Este escenario plantea la necesidad de acometer una serie de inversiones en el corto-medio plazo para ampliar la capacidad de atención; en términos de gasto, el cambio del modelo actual supondría un aumento del gasto sanitario público de 1.214 millones de euros anuales, un 1,3%.

“Más allá de estas repercusiones directas en la sanidad pública -asegura Marta Villanueva- existen otras, que también están analizadas en este informe, y que tienen que ver con el empleo y el impacto en la actividad privada”. En concreto, el informe estima una pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo en el sector sanitario privado. Asimismo, la pérdida del número de asegurados mutualistas provocaría la reducción de la utilización de camas privadas y esto llevaría al cierre de centros hospitalarios en algunas provincias. “Los datos que nos ofrece este análisis, junto al hecho de que una gran mayoría de los funcionarios que pueden voluntariamente elegir opten por la asistencia en centros sanitarios privados a través de su mutualidad, corroboran los beneficios que este modelo bien consolidado viene aportando, lo que nos hace defender su existencia y su necesaria dotación presupuestaria, que es responsabilidad de la Administración”, concluye la directora general de la Fundación IDIS.