Mónica García, incapaz de frenar el mercado negro: 200 euros por una cita para homologar títulos médicos

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de salud, política sanitaria y análisis de opinión en OKDIARIO.
• • 29/10/2025 13:11
  • Actualizado: 29/10/2025 13:11

La asociación Homologación Justa Ya (HJY) ha denunciado que cientos de médicos formados fuera de la Unión Europea se enfrentan a un doble muro: la larga espera burocrática para homologar sus títulos en España y un mercado negro que se aprovecha de su necesidad, cobrando hasta 200 euros por una cita telefónica para comenzar el trámite. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, aún no ha desvelado si su gabinete tiene ideadas medidas contra estas prácticas fraudulentas.

El trámite que debe permitir ejercer en España una vez obtenido el título de Medicina en el extranjero se ha convertido en un cuello de botella. Según el portal oficial de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), para homologar un título de Medicina es necesario cumplir criterios que incluyen cinco años de estudio, 1.350 horas de prácticas, entre otros requisitos.

Mientras tanto, el colectivo HJY calcula que miles de expedientes siguen paralizados. Frente a esa avalancha de solicitudes y bloqueos, han surgido ofertas al margen del sistema oficial: webs y grupos de mensajería (Telegram, WhatsApp) ofrecen citas telefónicas para el trámite a cambio de hasta 200 euros. «Ya funcionan como una mafia. Se aprovechan de la necesidad de las personas, y utilizan su desesperación como negocio», denuncia la portavoz de HJY.

Lo más grave: muchas de las personas que han pagado no sólo siguen sin ver avance en su expediente, sino que están atrapadas en una trampa sin vía de reclamación clara.

¿Qué dice Mónica García?

El trámite depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (y en paralelo la homologación de especialidades del Ministerio de Sanidad) —ambos bajo competencias del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha intervenido respecto a homologaciones de títulos extracomunitarios en general, pero evitando el foco del caso concreto de Medicina y el mercado negro de citas. Por ejemplo, en Bruselas abogó por «criterios mínimos comunes para el reconocimiento de títulos no comunitarios».

En cambio, cuando desde comunidades autónomas como la de Madrid reclamaron mayor celeridad al ministerio que ella dirige, surgieron críticas sobre la lentitud y burocracia persistente.

Consecuencias para el sistema sanitario

Mientras miles de médicos esperan homologar su título, el Sistema Nacional de Salud (SNS) se enfrenta a escasez de personal, sobre todo en Atención Primaria, que arrastra un déficit persistente y enquistado en todo el país.

Profesionales sobrecualificados desempeñan empleos que no necesitan su grado, o bien trabajan sin homologación completa, lo que afecta a su estabilidad y al sistema. El silencio institucional y la falta de mecanismos de transparencia alimentan el negocio paralelo, lo que daña la confianza en la administración pública.

¿Qué se puede hacer y qué reclaman los afectados?

Las demandas principales de Homologación Justa Ya y otros colectivos:

• Que el ministerio habilite canales accesibles y claros para las citas y trámites, sin que haya ventaja de quienes pagan fuera de sistema.
• Auditoría transparente del proceso de homologación, tiempos máximos, criterios aplicados, y seguimiento a quienes denuncian el mercado negro.
• Que la ministra Mónica García —y el Gobierno central— tomen medidas específicas para la homologación de títulos de Medicina y Especialidades extracomunitarias, no sólo declaraciones generales.
• Que el marco normativo y digitalización del proceso avance de forma tangible, garantizando que los expedientes se resuelvan en tiempo razonable.

En un contexto en el que España demanda médicos y personal sanitario, los trámites que bloquean a profesionales cualificados constituyen un coste social y sanitario. Además, la existencia de un mercado negro para una gestión que debería ser pública y gratuita, no sólo es injusta, sino que atenta directamente contra el principio de igualdad de oportunidades.